Whatsapps de Hermosilla: presidente del CDE acota solicitud a Fiscalía solo a aquellos chats constitutivos de delito
Aunque la petición
aún no es presentada formalmente, Raúl Letelier confirmó a La Tercera que insistirán en conocer todas las conversaciones que pueden estar vinculadas a ilícitos. “Si en esas conversaciones hay rasgos de delito, nosotros tenemos que tener conocimiento y acceso a eso”, comentó. Además, aseguró que no tienen interés en conversaciones de índole personal o que se alejen del ámbito penal, ya que “no es su trabajo” revisar esa información.
El interés transversal sobre el contenido del informe en que se transcribieron las conversaciones por WhatsApp del abogado Luis Hermosilla se mantiene. Pues como dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, esas 777 mil páginas podrían resultar una verdadera “caja de Pandora”.
En concreto -como se ha advertido-, la preocupación en torno a ese documento se ha extendido más allá del Ministerio Público, dado que se estima que existirían otros diálogos que revestirían características de delitos, tal y como resultaron ser los intercambios que el penalista mantenía con el otrora director general de la PDI, Sergio Muñoz, quien es indagado por violación de secreto.
Entre dichos organismos tempranamente apareció el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -encargado de resguardar los intereses del Fisco en sede judicial-, cuyos integrantes, como adelantó hace algunas semanas La Tercera, de inmediato se abocaron a la preparación de una solicitud para acceder al contenido íntegro de los mencionados chats.
Pero aunque inicialmente la intención del CDE era acceder a la totalidad de las conversaciones que tenían a Hermosilla como protagonista, ahora optaron por acotar la petición y se inclinaron por la idea de requerir solo los antecedentes que puedan revestir características de delito.
Así lo confirmó a este medio el presidente de la institución, Raúl Letelier, quien al ser consultado por la extensión del requerimiento precisó que no tienen interés en conversaciones de índole personal o que se alejen del ámbito penal. “Revisar esa información no es nuestro trabajo”, dijo
“Si en esas conversaciones hay rasgos de delito, nosotros tenemos que tener conocimiento y acceso a eso. Nuestro trabajo está siempre vinculado a delitos”, sostuvo el abogado.
Debida reserva
Pero a pesar de que la determinación fue tomada hace más de 15 días, hasta ahora el CDE no ha presentado formalmente la solicitud sobre la materia ante el Ministerio
Público.
Ante ello, el presidente del organismo indicó: “Es un caso en el que estamos trabajando. En su momento pediremos copia de los antecedentes y ahí veremos qué es lo que procede”.
Señaló, en el mismo sentido, que el procedimiento es algo habitual en los casos en que se hacen parte y que no se trataría de una petición extraordinaria. “Nosotros siempre solicitamos, en todos los juicios penales que nos interesan, la carpeta investigativa y todos esos (los chats) son antecedentes que están en esa carpeta investigativa”, manifestó Letelier.
Consultado sobre la reserva que debería existir sobre el documento y el manejo que el fiscal a cargo debe tener del mismo, el abogado hizo presente que “las reservas son muy importantes para una investigación. Nosotros siempre las respetamos, pero esas reservas tienen un tiempo, un límite, y en algún momento esas reservas terminan”.
El recurso que busca frenar la entrega de chats
Si bien durante ayer miércoles 10 de abril la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la reposición presentada por el abogado Mario Vargas y declaró admisible el recurso que este presentó con miras a impedir que se entreguen todas las conversaciones al CDE, durante esta jornada el mismo tribunal de alzada rechazó frenar a priori la entrega de antecedentes.
Y es que esta mañana la Séptima Sala de la mencionada instancia denegó la orden de no innovar interpuesta por el mismo abogado.
Como había expuesto el abogado, sería necesario que se ponga límite a la entrega de documentos en vista de que muchas de las conversaciones tendrían carácter de privadas o podrían estar relacionadas con la defensa de clientes.
“Sin que yo haya tenido vinculación alguna con los demás intervinientes que participaron en la reunión que dio origen a la incautación del teléfono, el acceso a mis conversaciones privadas, por parte del Ministerio Público y la consecuente solicitud del Consejo de Defensa del Estado, constituyen actos ilegales que perturban y amenazan, respectivamente, mis garantías constitucionales de igualdad ante la ley, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y mi derecho a la honra y privacidad”, sostuvo. ●