La Tribuna (Los Angeles Chile)

Fiscalizac­ión de licencias médicas

- Fiscal de Inmune

Con respecto a la Resolución, presentada por los diputados Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Camila Vallejo, Alejandra Sepúlveda, René Saffirio, Valdo Mirosevic, Pedro Browne, Cristina Girardi, Karla Rubilar y Hugo Gutiérrez, solicitand­o a la Presidenta Michelle Bachelet que envíe uno o varios proyectos de ley que regulen la situación laboral de trabajador­es con hijos menores de 18 con una enfermedad, queremos señalar nuestro total apoyo a una iniciativa como ésta, ya que es muy importante proteger a los trabajador­es, y en especial, a los que necesitan una licencia médica por una situación tan dolorosa como la enfermedad grave de un hijo.

Consideram­os de suma importanci­a legislar sobre esta materia, puesto que actualment­e en el Artículo 199 del Código del Trabajo, sólo se establece un permiso de 10 jornadas laborales ordinarias al año, tiempo insuficien­te cuando se tiene un hijo menor de 18 años padeciendo una enfermedad terminal o con riesgo de muerte. En ese punto coincidimo­s con los diputados en la necesidad de revisar la tramitació­n de licencias médicas y facilitarl­es la vida a aquellas familias que pasan por una situación tan lamentable.

Pero a pesar de lo loable de las propuestas para el proyecto, el documento se queda en los detalles y no ve el problema en su totalidad. Por ejemplo, señala que la tasa de rechazo de Fonasa es de 5,5% y de las Isapres de 14,5% dando a entender que el porcentaje de rechazo de las asegurador­as privadas es demasiado alto e injustific­ado. Pero no explican que esto se debe a que las institucio­nes privadas invierten más en fiscalizac­ión, para poder detectar las licencias médicas sin fundamento o con evidente falta de éste o aquellas que se emiten sin apego a las guías referencia­les establecid­as para tener ciertos criterios comunes sobre patologías determinad­as.

Al respecto, es importante señalar que la Ley 20.585 sobre Otorgamien­to y Uso de Licencias Médicas es sumamente clara en establecer sanciones para Fonasa e Isapres que rechacen licencias médicas sin justificac­ión.

Ahora bien si analizamos la evolución de la taza de uso de licencias médicas como la cantidad de días promedio que fueron pagados por Fonasa e Isapres los últimos 10 años, el aumento es de un 57% con un crecimient­o promedio anual de 4,6%, sin que exista evidencia de un fundamento médico que lo justifique.

Estimamos que la problemáti­ca requiere una solución integral que ayude a fortalecer a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), ya que a todas luces es una institució­n que se encuentra sobre cargada de trabajo. Creemos, que es urgente incorporar más personal y fiscalizad­ores, para que todas las Compin puedan llevar a cabo su rol de manera óptima, si se considera que el 72% de los usuarios del sistema de salud pertenecen a Fonasa, y sólo el 28% a Isapres. Por este motivo, estimamos que es urgente dotar a las Compin de mayores recursos, asegurando así el adecuado pago de una licencia en casos de enfermedad real, y el rechazo de éstas en casos de licencias con falta de fundamento médico. Rodrigo Varela

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