Ley de equidad tarifaria

Estas son leyes que aportan, que se construyen necesariamente pensando en el bien común de las personas. Ojalá que en el Congreso, siempre existiera ese espíritu de legislar de cara a la ciudadanía y pensando en sus necesidades y no en la disputa política de sacarse los secretos, generando cada vez más divisiones en las personas.

Durante esta semana, el ministro de Energía Máximo Pacheco arribó a la provincia de Biobío para dar el vamos septiembre en todo el país. La medida viene a entregar igualdad en materia de cobros que los usuarios reciben mes a mes a la ley de equidad tarifaria que se aplicará a partir del mes de. Dentro de las estadísticas, Coelcha, Frontel y Coopelán, son quienes experimentarán las bajas más importantes, que llegarán hasta el 47,5% de descuento en comunas como Alto Biobío, lo que se traduce en cerca de 15 mil pesos menos en el valor de la boleta.

En tanto, en la ciudad de Los Ángeles, Coopelán y Frontel, lideran la reducción tarifaria, con un 27 y un 27,8% respectivamente.

En total, según cálculos del gobierno, a nivel nacional, 2,7 millones de clientes, es decir, cerca de 11 millones de personas, verán disminuida sus cuentas.

En un país como Chile, caracterizado por su gran desigualdad y por las características de su territorio, una iniciativa como esta, es digna de destacar.

Hay que hacer mérito a los parlamentarios locales, senador Felipe Harboe y diputado José Pérez, quienes tuvieron un rol clave en este proceso. Mientras el primero participó activamente en el debate que se realizó en el Congreso, contribuyendo a la redistribución económica y territorial para las distintas zonas del país y a plantear la eliminación de costos por corte y reposición del suministro en casos de morosidad, Pérez le planteó al propio secretario ejecutivo de la Comisión de Energía, Andrés Romero, la necesidad de regular los precios para las familias de Chile y de la provincia de Biobío, principal generadora del abastecimiento energético del país.

Precisamente en uno de los puntos anteriormente mencionados, se hace justicia, ya que una persona morosa, no siempre es por irresponsabilidad, si no por necesidad y el hecho de tener que suspenderle el servicio, implicaba un costo muy alto que no todos podían pagar, lo que ahora se termina para siempre.

Estas son leyes que aportan, que se construyen necesariamente pensando en el bien común de las personas. Ojalá que en el Congreso, siempre existiera ese espíritu de legislar de cara a la ciudadanía y pensando en sus necesidades y no en la disputa política de sacarse los secretos, generando cada vez más divisiones en las personas.