Nueva educación pública: ley indispensable

La semana pasada, Educación 2020 expuso ante la Comisión de Educación del Senado algunas propuestas para perfeccionar la ley que desmunicipaliza la administración de los colegios públicos.

Medida imprescindible, la experiencia demuestra que en entidades administradas con criterios electoralistas, una buena mayoría de estas, de todos los colores, han usado los cargos de gestión de la educación para pagar favores políticos.

El proyecto propone una gestión descentralizada de la educación pública a través de 68 servicios locales. Tanto los directores ejecutivos de estos servicios como el director nacional de educación pública serán seleccionados mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, cuya ley está a punto de renovarse y perfeccionarse. Esto entregará un piso de capacidades profesionales clave para el éxito del sistema.

Es el primer intento serio por fortalecer la educación pública en los últimos 35 años. Por eso, incorporando ajustes necesarios, la aprobación del proyecto es un imperativo.

Sin embargo, la discusión legislativa ha dejado un gusto amargo. Algunos senadores se manifestaron en contra de la columna vertebral del proyecto. Los puntos que se critican son la real necesidad de desmunicipalizar, el rol del Consejo Local versus la Dirección Nacional, la naturaleza de este último órgano y la necesidad de cambiar la fórmula de financiamiento de la educación. Veamos. ¿Desmunicipalización? Sí. Definitivamente. La actual educación pública implica una alta dependencia de los recursos aportados por las comunas, lo cual profundiza la inequidad. Mientras una comuna aporta $6.500 por alumno al año, en otra el aporte anual llega a $1.500.000 por alumno.

Un 20% de los municipios no cuenta ni siquiera con una persona exclusiva para liderar esta tarea, mientras que un 40% de los DAEM o corporaciones no posee personal especializado en el área técnica pedagógica… y/o han sido contratados por razones clientelares.

El sistema público tampoco cuenta con una dirección clara en la medida que existe una doble dependencia de los establecimientos educacionales: por un lado, los aspectos técnico-pedagógicos dependen del Mineduc, mientras que la gestión financiera responde a los municipios. Desarticulación inmanejable.

Sobre el rol del Consejo Local

Se propone la creación de consejos locales que acompañen la gestión del Servicio Local, integrado por apoderados, profesores, estudiantes, asistentes de la educación, alcaldes, representantes regionales y de universidades, IP y CFT de la región. Este Consejo aprobará el Plan Estratégico del Servicio y tendrá voz en la elección de su director ejecutivo, pudiendo solicitar su remoción cuando observe negligencia o incumplimiento de responsabilidades.

La actual educación pública implica una alta dependencia de los recursos aportados por las comunas, lo cual profundiza la inequidad.

Algunas voces señalan la necesidad de entregarle mayores facultades al Consejo, teniendo injerencia directa sobre la elección y remoción del director ejecutivo. Se trataría entonces de una suerte de directorio del Servicio.

Si bien hay países donde existe esta figura, lo cierto es que se trata de sociedades menos desiguales, con una cultura de rendición de cuentas y mucho mayor participación ciudadana a nivel local.

Nuestra realidad se aleja por ahora de este escenario, y es fundamental considerar la situación actual para diseñar las soluciones pertinentes. Avanzar hoy hacia directorios locales abre espacio a posibles capturas políticas y/o posicionamiento de intereses particulares, con lo cual caeríamos de la sartén al fuego.

También se han esbozado voces que proponen situar dicha responsabilidad en el Gobierno Regional. De esta manera, ni la Dirección Nacional ni los consejos locales serían los responsables finales de la educación pública, sino que una figura intermedia como el intendente.

Si bien es deseable que en algún minuto contemos con territorios y comunidades empoderadas, hoy estamos lejos de esa meta. Debemos avanzar en la regionalización, pero este desafío no puede utilizar como “conejillo de indias” a los colegios públicos del país.

Por lo demás, el proyecto es adecuadamente gradualista en su implementación, lo cual permitirá, en algunos años, ajustarle algunas tuercas si fuera necesario.