Entró en vigencia la Ley de Probidad

Este lunes 5 de septiembre la Presidenta Michelle Bachelet encabezó la entrada en vigencia de la Ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Un compromiso que asumió con mucha responsabilidad para garantizar a la ciudadanía una política más limpia y que hoy eleva los estándares de transparencia de funcionarios y de las más altas autoridades.

La nueva normativa aumenta la cantidad de autoridades y cargos que deben realizar declaraciones de patrimonio e intereses, endureciendo las sanciones para quienes transgreden la norma. Por ejemplo, algunos de los aspectos que deberán ser declarados, dicen relación con bienes inmuebles, vehículos, acciones, participación en sociedades e incluso los nombres de cónyuges y parientes para así evitar anomalías que podrían afectar las decisiones de una determinada labor o institución.

Si alguna autoridad o funcionario público entrega información incompleta e inexacta, arriesga sanciones económicas que van desde las 5 a las 50 UTM e incluso podrían llegar a perder su cargo. Las reglas del juego han cambiado, hoy son más severas para quienes ejercen cargos de dirección pública.

Sin lugar a dudas, la iniciativa de la Presidenta Michelle Bachelet y la pronta aprobación de los parlamentarios ha permitido responder a la ciudadanía la exigente demanda por más transparencia.

Ya no habrán más vacíos legales en esta materia y se juzgará trasversalmente a quién no cumpla con la normativa. Hoy, el gobierno de la Presidenta Bachelet con responsabilidad se está haciendo cargo de la crisis de confianza que afecta a los liderazgos políticos e instituciones públicas.

Con esto se ha dado un tremendo paso para que hoy ya sean diez los compromisos de la Agenda de Probidad y Transparencia tramitados en su totalidad por el Congreso Nacional, un hito histórico para avanzar hacia una mejor democracia, combatir la corrupción, erradicar las malas prácticas y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La Presidenta ha demostrado que en tiempos donde la ciudadanía tiene desconfianza con la cosa pública, no se requiere sólo comentarios, sino que liderazgos; como lo ha demostrado impulsando una agenda ambiciosa de transparencia y probidad, que con el apoyo de los senadores y diputados, ha permitido tener reglas para una mejor democracia.

Si alguna autoridad o funcionario público entrega información incompleta e inexacta, arriesga sanciones económicas que van desde las 5 a las 50 UTM e incluso podrían llegar a perder su cargo. Las reglas del juego han cambiado, hoy son más severas para quienes ejercen cargos de dirección pública.