El foco en los estudiantes

Modificar la iniciativa vía indicaciones o retirar el proyecto de ley del Congreso, son las opciones que se han planteado respecto del cuerpo legal sobre Educación Superior que presentó el Gobierno. La que debía ser una emblemática ley de esta administración y que sentaría las bases de la educación superior con miras a las próximas décadas, no ha concitado la adhesión de ninguno de los actores.

A pesar de los meses de discusión pre legislativa, la iniciativa ingresó al Parlamento con evidentes fallas pues no se consideró la realidad del sistema. Necesitamos una reforma sobre políticas de aseguramiento de la calidad, un marco regulatorio que incluya la fiscalización a las instituciones, sin que éstas pierdan la autonomía ni la diversidad, además de un esquema de financiamiento que permita lograr los objetivos. En cambio, hemos tenido un exceso de discusión sobre los recursos fiscales sin abordar los temas de fondo.

El proyecto propone la existencia sólo de universidades completas y complejas. Trece instituciones tienen acreditadas las cinco dimensiones que exige la iniciativa. Así, gran parte de los estudiantes quedaría en instituciones con acreditación condicional o sujeta a la figura del interventor. Si los recursos se concentran en algunas universidades, ¿cómo harán las demás para avanzar en la complejidad institucional? ¿Se deberían cerrar instituciones? Eso obligaría al Estado a hacerse responsable de reubicar a esos estudiantes, lo que significaría disminuir la cobertura. Cabe preguntarse si es lo que requiere el país, tanto desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, como de las exigencias del mundo productivo.

La cuestión de fondo es si tal complejidad es necesaria. Un ejemplo, en Estados Unidos no más del 30% de los estudiantes ingresa a una universidad que denominaríamos compleja, el resto accede a instituciones con distintos niveles de focalización en la docencia. Por tanto, es muy dudoso que en Chile sea conveniente homogeneizar el sistema universitario. Nadie quiere que existan instituciones de calidad deficiente, pero la regulación y fiscalización no garantizan la calidad. Un exceso regulatorio no es garantía de nada, limita la autonomía y deja fuera los procesos internos de mejoras de cada institución.

Otro tema que preocupa es la proliferación de “apellidos” que se han dado las universidades, compitiendo por la denominación de “público”. Eso ocurre al identificar estatal con público, olvidando que una universidad, si cumple bien cualquiera de las funciones que se le asignan, genera beneficios sociales. Es de esperar que, cualquiera sea la decisión que se tome sobre el proyecto de ley, logremos avanzar reconociendo la realidad que tenemos y priorizando el interés de los estudiantes. El interés de todos los estudiantes.

Nadie quiere que existan instituciones de calidad deficiente, pero la regulación y fiscalización no garantizan la calidad. Un exceso regulatorio no es garantía de nada, limita la autonomía y deja fuera los procesos internos de mejoras de cada institución.