El gobierno y la venda en los ojos

En una sociedad democrática, no pueden existir privilegios para unos pocos. La ley debe ser pareja para todos. Si un privado, un político, un indígena o ciudadano común, actúan fuera de la ley, deben someterse a los Tribunales.

La región de La Araucanía y en reiteradas ocasiones la provincia de Biobío y de Arauco, son víctimas de la violencia desmedida de extremistas, que atacan irresponsablemente a personas, animales y fuentes laborales, acusando temas históricos referidos al despojo de las tierras durante la “Pacifica- ción de La Araucanía”. Si bien es cierto que eso fue un genocidio, también es cierto que han pasado más de 130 años desde que terminó.

Chile creció, se desarrolló, se mezclaron las razas indígenas con las españolas y surgió una sociedad democrática, con leyes, normas y deberes, que todos deben respetar.

Sin embargo, lo que vemos en reiteradas ocasiones es que la violencia se ejerce sin que las autoridades hagan, seriamente, algo para detener de una vez estos lamentables hechos.

¿ Qué culpa tiene un agricultor, camionero o habitante en 2017, de una guerra iniciada en 1861?

La gran mayoría del pueblo indígena, se ha integrado a la sociedad y poco a poco, el Estado ha dado pasos para incorporarse política y culturalmente con los descendientes de los originarios de este territorio.

Falta aún mayor respeto y autonomía, falta que el Parlamento tenga líderes que representen el sentir de dicho pueblo. Lo mismo en el poder Judicial, pero nada, ni la carencia más absoluta, justifican asesinatos como el del matrimonio Luchsinger Mackay o los atentados a camioneros, agricultores o empresarios.

Sin importar si son de la etnia indígena, la justicia debe operar con todo el rigor de la ley y no con el temor que se ha visto en las últimas décadas y dejar tras las rejas a quienes atentan de esta manera contra la democracia. Basta de cobardías.

En una sociedad democrática, no pueden existir privilegios para unos pocos. La ley debe ser pareja para todos. Si un privado, un político, un indígena o ciudadano común, actúan fuera de la ley, deben someterse a los Tribunales.

Por ello resulta tan lamentable, que el Gobierno se muestre en una actitud tan poco diligente, haciendo caso omiso a la realidad que se vive en el sur del país.

Si estos mismos hechos ocurrieran en Santiago, con la recurrencia que suceden en Biobío y La Araucanía, está más que claro que la forma de actuar sería muy diferente a la que vemos en esta zona.

Basta de continuar una guerra violenta. Se entiende la postura de los pueblos mapuches, pero matándonos, atacándonos y destruyéndonos, no vamos a lograr nada.