Rechazo a planta de residuos plomados: una lección ciudadana

Los Ángeles desde iniciado el mes de agosto, se convirtió gracias al pronunciamiento de una comunidad empoderada, en el centro de una creciente preocupación medioambiental. Una planta procesadora de residuos plomados perteneciente a la empresa Recimet Ltda., se pretendía instalar en el sector de Laguna Verde en las cercanías de los Saltos del Laja. Una situación que si bien fue revertida gracias al clamor ciudadano, dejó muchas interrogantes respecto de la labor reguladora y fiscalizadora que debe tener el Estado y el Gobierno tanto a nivel central, como, regional y comunal, en materias sensibles que pueden afectar la calidad de vida de las personas.

En este sentido quisiera ser enfática en señalar que situaciones como éstas, a pesar de lo manifestado por diversos políticos, no se originan, ni por lo que denominan un mercado neoliberal ni por el sistema constitucional, sino, que más bien pasan por la autorización de las propias autoridades. Claro ejemplo de ello es el vertedero de Til Til, el cual, ha generado una serie de problemas en la condición de vida de toda una comunidad, que tiene que convivir con cerca de 100 empresas contaminantes -lo que demuestra la escasa fiscalización de las propias autoridades.

Bajo esta lógica la planta de residuos plomados de la empresa Recimet Ltda. avanzó tanto a nivel regional como comunal sin mayores reparos, prueba de ello es que el 27 de julio, la municipalidad de Los Ángeles emitió un oficio en que a pesar de incluir algunas observaciones, señaló, que no había incompatibilidad medioambiental para el funcionamiento de dicha planta.

Es así como bajo el silencio y hermetismo de las autoridades locales y regionales, la comunidad se mantenía ajena a esta grave situación. Lo cual, tuvo un vuelco cuando el jueves 3 de agosto, trascendió a la opinión pública gracias a la voz de alerta de los propios vecinos de los sectores de El Rosal, Villa Alegre, Laguna Verde y Los Saltos del Laja, quienes representados por Óscar Fernández, Segundo Pineda y su esposa Damaris, entre muchos otros vecinos, hicieron eco de su preocupación, a través de una reunión en la que participé y en la que pude conocer en detalle los riesgos ante la instalación de la mencionada planta de residuos plomados.

Riesgos, que iban desde la contaminación del estero Paso de Piedra, el cual, abastece a las comunidades del sector, afluente que además desemboca en los ríos Caliboro, Laja y Biobío, lo cual, significa una expansión colateral que podría -en caso de riesgo- afectar a gran parte de la región. A lo que se suma, que en el sector hay una creciente actividad de carácter agrícola y ganadera, que en caso de polución de plomo en los terrenos o el estero, podrían ver dañada toda la cadena agroalimentaria en su primera línea de acción.

Ahora, tras la decisión de la propia empresa, y no de las autoridades, la planta de residuos plomados suspen- dió indefinidamente el proyecto, situación, que a pesar de ser alentadora, mantiene una latente preocupación, ya que indefinidamente no es lo mismo que definitivamente, por lo cual, la certeza no es un punto zanjado.

Tras esto, es evidente que la ciudadanía merece certidumbre, merece saber cuál va a ser la actitud del Gobierno y del Estado de Chile ante esta materia, el silencio frente a un hecho tan relevante no puede ser una política que se imponga ante los derechos de las personas, los organismos involucrados deben transparentar su actuar para que situaciones como estas no se vuelvan a repetir, ya que en definitiva -el hasta ahora buen resultado- no es gracias a los organismos y autoridades de Gobierno involucradas, sino que gracias, a una comunidad y a dirigentes que transformaron su preocupación en un deber para con ellos y el medioambiente.