Piden mano dura al gobierno para terminar con los atentados

Tras el atentado a Sotraser, nadie guardó silencio y todos apuntaron a la incapacidad del Estado para mantener el orden en lo que llaman la macrozona: Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Muy temprano comenzaron a contactarse los gremios y los empresarios. Poco a poco y, a través de redes sociales, quedaba al descubierto un nuevo atentando a empresarios transportistas, pero esta vez no a cualquiera.

El primero en conversar con Radio San Cristóbal y Diario La Tribuna fue el gerente de los trabajadores contratistas del sector forestal, Acofarag, René Muñoz quien dijo que: “este nuevo ataque incendiario en San José de la Mariquina “refleja la difícil situación por la que deben atravesar a diario no sólo nuestros asociados, sino que todo el sector forestal en la macrozona Biobío, La Araucanía y Los Ríos”.

Muñoz manifestó además que “hay una absoluta falta de inteligencia policial en la macrozona de conflicto, lo que hace que estos hechos queden muchas veces sin culpables y con empresas endeudadas y trabajadores sin empleo. Por lo que solicitamos al Gobierno con urgencia la creación de una fuerza de inteligencia conformada por Carabineros y las Fuerzas Armadas”.

En tanto, desde la Multigremial de Biobío, su vicepresidente, Rolando Merino exigió al gobierno que decrete el Estado de Excepción en la zona: “se vuelve un imperativo el que se declare estado de excepción en una zona que está cayendo cada vez más en la violencia y la desaceleración económica.

En este sentido, dijo que la presencia del subsecretario Mahmud Aleuy en la zona, por instrucción de la Presidenta Michelle Bachelet, es –al menos- un indicador de la gravedad de este hecho y de que se está reconociendo el clima que está viviendo la gente en el sur.

De hecho, expresó Merino, “la violencia y terrorismo asociado al conflicto indígena son una verdadera tragedia para la zona centro sur del país y es hora de que las autoridades tomen en cuenta este hecho antes que tengamos que seguir lamentando tragedias. Es como un terremoto, una inundación o cualquier otra catástrofe porque están sepultando, ante la mirada impávida de toda una sociedad, las ganas de invertir, trabajar y desarrollarse de todo una región de gente honesta y trabajadora. Se está muriendo el turismo y la calidad de vida, incluso para nuestros niños”, sentenció.

Mientras que desde la Corporación Chilena de la Madera, Corma dijeron creer que el Estado no hará nada para detener los hechos de violencia.

En su comunicado de prensa recalcan que “el Estado ha mostrado incapacidad total de garantizar sus derechos constitucionales a los habitantes de La Araucanía y áreas afectadas de Los Ríos y Biobío Sur.”

La Corma además hace un llamado “a los sectores políticos a fortalecer su apoyo a la causa de la paz. No podemos seguir siendo indiferentes ni menos justificar tácitamente actos que son injustificables en una democracia civilizada. Grupos minoritarios violentistas, amparados en la impunidad casi total, tienen de rehén a una región y áreas crecientes de otras, sumiéndolas en la pobreza, destruyendo su estructura productiva y sembrando el miedo y la inseguridad entre sus habitantes”.

Finalmente, la Multigremial del Sur, MGS relató en una declaración pública que “es indispensable que el foco se coloque donde corresponde, y esto es una mínima garantía de paz para quienes son los verdaderos motores del progreso de Chile, y donde, a su vez, la representatividad política y las propuestas de ley parecen haberle olvidado.

Finalmente, queremos solicitarle a la opinión pública que también busque las vías para expresar su malestar. Es de suponer que no es del gusto de nadie vivir en estado de permanente inseguridad, y es algo que se hace imposible de sostener en la invisibilidad, dado los últimos hechos ocurridos en el sur del país, donde la forma de atentado comparte características, en el entendido que estos grupúsculos están articulados por intereses internacionales y cuyas operaciones dan cuenta de la imposibilidad de diálogo alguno”.