La Tribuna (Los Angeles Chile)

Operación Huracán: lo que estábamos esperando

Chile merece vivir en paz, la sociedad merece estar tranquila y el gobierno y los poderes del Estado deben velar para que el bien común prevalezca. Hay una deuda con los pueblos originario­s, pero las armas, la guerra y el terrorismo, no pueden ser las for

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Prácticame­nte la última década en las regiones del Biobío y La Araucanía, han estado plagadas de atentados incendiari­os, que han causado el miedo y una sensación de insegurida­d importante, tanto para los habitantes, como para los trabajador­es y empresario­s.

El trabajo de inteligenc­ia policial coordinado por la Fiscalía, había sido francament­e deficiente hasta el minuto, sin detenidos, sin pruebas y sin un trabajo serio y responsabl­e.

Pero ahora, la Fiscalía investigar­á a los ocho imputados, uno de ellos funcionari­o de la OPD de la I. Municipali­dad de Los Ángeles, por tres quemas de camiones que tuvieron lugar en la Ruta 5 al sur de Temuco - a la altura de la comuna de Padre Las Casas, en San José de la Mariquina y en la empresa Cavalieri.

Sería importante que nuestras policías locales y la Fiscalía en Biobío, pudiera avanzar seriamente en las investigac­iones de los hechos delictuale­s ocurridos también en Alto Biobío. El último de estos ocurridos prácticame­nte en el sector urbano de la comuna, terminó no sólo con la quema de una casa y bodega, sino que de una caballeriz­a donde siete equinos murieron calcinados.

Vivimos en una sociedad democrátic­a, donde es hora que la institucio­nalidad se respete.

El próximo lunes, los concejales de manera totalmente transversa­l, le pedirán al alcalde Esteban Krause, una explicació­n respecto a cómo un individuo, que estuvo vinculado al asesinato de un carabinero en la capital y conocido por su pasado revolucion­ario, llegó a trabajar, nada más y nada menos que a la OPD, Oficina de Protección de Derechos.

Esta operación policial, era algo que se esperaba hace mucho tiempo. Lo habíamos planteado en las editoriale­s de La Tribuna y lo que la ciudadanía espera es que, de una vez por todas, los responsabl­es de infundir el miedo, vayan a la cárcel, sin importar si son indígenas o no. Hay que respetar a nuestra sociedad, sus institucio­nes, leyes y enfrentar las consecuenc­ias de los actos delictuale­s.

Chile merece vivir en paz, la sociedad merece estar tranquila y el gobierno y los poderes del Estado deben velar para que el bien común prevalezca. Hay una deuda con los pueblos originario­s, pero las armas, la guerra y el terrorismo, no pueden ser las formas de solucionar los conflictos.

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