Educación, fin del debate

Hay silencio acerca de cuánto y cuándo, cuánto hay que cancelar y hasta cuándo, suponiendo que el alumno repite. En este último caso, vendrá un debate acerca de los repitentes estimados vulnerables, versus los otros que no lo son.

Las llamadas, “políticas sociales”, radicadas en lo esencial de una sociedad, alimentación, vivienda, salud, trabajo, educación, son de primerísima importancia. Podrán faltar obras públicas y otras, pero no las indispensable ya señaladas. Los chilenos, para enfrentar estos requerimientos, dispusie- ron, a través de diversas normativas, pública y privada, formas múltiples para que la población accediera a tales beneficios primarios.

Estas dos instancias, Estado y familia, adquirían la primera posición en las metas sociales. En la vivienda, se dispone el “ahorro de la vivienda” paso previo para acceder a la vivienda Corvi y luego vivienda Serviu. En salud, un porcentaje del sueldo para conformar un Fondo de Salud, implementado por subsidio del Estado. En la alimentación, se concreta el requerimiento del 100% de la necesidad alimenticia del estudiante y 100% del niño recién nacido hasta los 24 meses de vida o más si es necesario. En Educación, no hay previa obligación, salvo que escogiera la educación privada y luego, la más requerida hoy eliminándose, (grave error), la educación en sociedad Estado-privado, más conocida como Educación Particular Subvencionada.

De lo anterior, se concluye que todas las áreas sociales básicas, tienen este complemento en su financiamiento, familia y el estado, salvo en la educación en que la opción de gratuidad total, existió en sus cuatro niveles. En el Régimen Militar, se establece la obligatoriedad de pagar el nivel de educación superior. Esta disposición, que imagino, recogió el hecho de que el profesional adquiría un conjunto de beneficios y potestades ausentes en el resto de la población, dio origen a este pago, como ocurre en los países del primer mundo. Ahora bien, aunque se reconoce que esta, “política”, sobre educación superior, permitió que el 7% de la población estudiara en el nivel superior, (muy por encima de sólo el 1,09% anterior), porcentaje comparado con los países ricos de este planeta, la carga financiera de la familia chilena, no lo soportó. Los recursos del Estado, que también aumentaron exponencialmente, pudieron en su momento, subsidiar más educación superior pero, se fueron a un sinnúmero de subsidios sociales, que dejó a los gobiernos sin el recurso necesario para la educación. Ejemplos suman cientos. Posteriormente se concreta una Reforma Tributaria, incompleta e ineficiente, que no cumple con los objetivos previstos. Sin embargo, en el debate surge un asunto ideológico que pone en peligro cualquier programa en este sentido. Mientras unos, los más, señalan que debe subsidiarse, el 100% de la educación a todos los que lo requieran, otros, señalan que debe ser a todo el universo estudiantil, incluyendo a aquellos que tienen los recursos. Hay silencio acerca de cuanto y cuando, cuanto hay que cancelar y hasta cuando, suponiendo que el alumno repite. En este último caso, vendrá un debate acerca de los repitentes estimados vulnerables, versus los otros que no lo son.

Considerando entonces la máxima doctrinaria, “igualdad de oportunidades”, en la cual se ha sustentado por más de cuatro décadas, toda la doctrina social chilena, el debate sobre gratuidad, sólo debe situarse en la forma y su alcance y en nada más. Pero el joven que dispuso su opción en la educación superior, deberá, siempre, contar con un centro de educación superior para servir sus anhelos profesionales.