Todos los recursos del estado para invertirlos en educación

Este 9 de enero culmina oficialmente el plazo para que los sostenedores de establecimientos particulares que reciben aportes del Estado transfieran la calidad de sostenedor de sus establecimientos a una entidad educativa sin fines de lucro.

Al viernes 5 de enero, a nivel regional 617 establecimientos particular subvencionados se constituyeron en una entidad sin fines de lucro, o han presentado la solicitud de transferencia de la calidad de sostenedor, lo que representa a un 98.72% del total de los establecimientos particulares subvencionados del Biobío.

Asimismo, un 1.2% restante, está en proceso de constitución de la entidad sin fines de lucro, para realizar la transferencia, lo que implica que un número aún mayor de establecimientos que optaran por renunciar al lucro como finalidad de sus proyectos educativos.

Estos datos representan un significativo avance en el aseguramiento del derecho a una educación de calidad para todos, garantizando que cada peso que el Estado transfiere a los establecimientos se utilice exclusivamente en la mejora de la educación para los estudiantes del país. Y en un segundo lugar, termina por desmitificar los argumentos que se plantearon en la discusión de la Ley de Inclusión Escolar, que señalaban que esta legislación provocaría el cierre masivo de establecimientos o su paso al régimen de particular pagados, afectando con ellos a cientos de miles de estudiantes y sus familias.

La implementación de la ley a la fecha demostró una realidad completamente distinta, antes de la finalización del plazo definitivo para la transferencia de la calidad de sostenedor, sobre el 93% de los establecimientos ya se han incorporado a la Ley de Inclusión Escolar, porcentaje que aumentará al finalizar el plazo.

Además de terminar con el lucro con recursos del Estado, hemos avanzado en la gratuidad de la educación escolar, a la fecha ya son 958 establecimientos que en 2015 tenían copago y hoy son gratuitos y que representan a un 42% del total de establecimientos que tenían copago al inicio de la implementación de la ley de inclusión.

Hoy podemos decir que de los poco más de tres millones doscientos mil estudiantes del sistema escolar que cuentan con financiamiento público, un 83,7% estudia gratis, y en el sector particular subvencionado un total de 1.375.227 estudiantes lo hace gratuitamente, lo que representa el 72% de la matrícula del sector.

Junto al término del lucro y el copago en la educación escolar, la puesta en marcha gradual de la ley de inclusión en lo referido al fin de la selección se inició ya en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’higgins, Los Lagos y Magallanes. En el proceso de admisión para el año escolar 2018, los resultados de la postulación indican que un 93.3% de los estudiantes fue admitido en un establecimiento de preferencia de sus padres y apoderados, un 6.4% no terminó el proceso, y solo un 0.3% fue asignado a un establecimiento por el criterio de cercanía. Esto indica la pertinencia del sistema de admisión escolar, que efectivamente permite que sean los padres y apoderados los que seleccionen el establecimiento para sus estudiantes, y no sea el establecimiento, que, en base a criterios como la situación socioeconómica, creencias de sus padres, situación familiar, origen, etc., determinen quien ingresa o no a sus establecimientos.

Estos grandes avances de la Ley de Inclusión Escolar impulsada por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, permiten asegurar con total propiedad que hemos dado un gran salto en el aseguramiento del derecho a una educación de calidad para todos. Desde la puesta en marcha de la ley, tenemos un sistema que apunta a la inclusión y al término de la segregación escolar, que ha comprometido por décadas, la mejora de la calidad del sistema, y el necesario encuentro y cohesión social que Chile necesita para desarrollarse.