Analizan los efectos de la Ley de Aportes al Espacio Público
Iniciativa está a semanas de su despacho. Autoridades y expertos abordan los detalles de la normativa
Actualmente el proyecto de Ley de Aportes al Espacio Público se encuentra a la espera de su aprobación en ambas cámaras del Congreso luego de ser aprobado esta semana en comisión mixta, que debía zanjar algunos detalles.
El objetivo de la iniciativa reside en permitir un desarrollo urbano más equilibrado, que logre beneficiar tanto a la ciudad como a los proyectos inmobiliarios.
La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, asegura en entrevista con Publimetro que la norma ya tiene acuerdo transversal. Según indicó, debería ser despachada en las próximas semanas por el Congreso.
La secretaria de Estado explicó que la ley tiene tres componentes. El primero es “la exigencia de mitigaciones que los proyectos inmobiliarios (públicos o privados) deben hacer para que su inserción en el espacio urbano sea armónica, mediante un sistema expedito, transparente y objetivo que reemplace a los actuales Eistu (Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano)”.
En segundo lugar, la normativa impone exigencias que sólo se aplicaban a los proyectos urbanos por extensión y que antes no tenían los proyectos urbanos por densificación, “porque ellos consumen vialidades, espacios públicos”. A partir de la vigencia de la norma, se les “exigirá un aporte en dinero que será proporcional al tipo e intensidad de la ocupación, destinado exclusivamente a obras de movilidad urbana y espacios públicos en la comuna”.
Al mismo tiempo, Saball indica que la ini- ciativa establece “incentivos urbanísticos para ampliar la densidad permitida, pero con la condición que se ese aumento favorezca la inserción de viviendas sociales”. Para el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani, uno de los cambios más relevantes es que “por primera vez en mucho tiempo se establecen responsabilidades compartidas entre el Estado y el sector privado para generar los espacios públicos y los espacios de movilidad que las ciudades requieren”. El diputado Leopoldo Pérez (RN), integrante de la comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara, valora la transversalidad en la aprobación de este proyecto en ambas ramas del Congreso. Sobre sus alcances acota que “la propia ley establece al menos 180 días para la elaboración de un reglamento para su aplicación, y las expectativas para la ciudadanía no deben estar puestas en que de la noche a la mañana esta ley va a cambiar las ciudades, porque eso se verá en el mediano y largo plazo”.
Este proyecto debería entrar en vigencia en 24 meses desde su aprobación, por lo que las ciudades podrían comenzar a tener aportes y a generar planes de inversión en sus espacios públicos a partir de 2018, y en los próximos 5 a 6 años deberíamos tener mejoras sustantivas en los espacios públicos, según señalaron los expertos.
El director del Colegio de Arquitectos Sebastián Gray es categórico en señalar que con esta nueva legislación “nos estamos poniendo al día con algo que en los países civilizados existe hace 60 años, y que es la responsabilidad concreta que tiene la industria inmobiliaria en el efecto que sus edificios tienen en la ciudad”.