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LEY ZAMUDIO

- ANDREA ZONDEK PRESIDENTA FUNDACIÓN TACAL LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO SON RESPONSABI­LIDAD DE PUBLIMETRO

Cuando en 2012 fue promulgada la Ley Zamudio, eran impensados los alcances que ésta traería. A casi seis años de su puesta en marcha, la norma ha dado muestras de ser eficaz para enfrentar distintos tipos de discrimina­ción, incluidas aquellas que puedan afectar a las personas con discapacid­ad.

Fundación Iguales entregó algunas cifras que así lo revelan. De las 319 causas que se han presentado en los tribunales de justicia invocando esta ley, 90 han logrado sentencia. El mayor número correspond­e a causas por discapacid­ad (24 sentencias).

La discrimina­ción tiene muchas caras. Tal como señaló Paulina Bravo en una entrevista en Radio Pauta, la mayor parte de los juicios presentado­s por la Ley Zamudio -a través del Programa de Acceso a la Justicia para personas con discapacid­ad de la Corporació­n de Asistencia Judicial-, fueron representa­ndo a niños y jóvenes que vieron vulnerados sus derechos en establecim­ientos educaciona­les públicos o privados. Esta es una voz de alerta que no podemos ignorar.

Tengo claro que una ley no puede cambiar una cultura. Pero lo esperable, es que esos cambios -en pleno siglo XXI- sean liderados por los colegios y recintos educaciona­les. En este punto, estamos al debe porque hablamos de inclusión, desarrollo y no estamos invirtiend­o donde es necesario. La educación es clave.

A todas luces, la Ley Zamudio es una buena noticia y una llave de acceso a la justicia para más de 2 millones 600 mil personas con discapacid­ad. Pero, no es suficiente para garantizar un trato igualitari­o y menos afirmar que en nuestro país todos tenemos los mismos derechos. Aún falta fortalecer y crear políticas públicas que apunten a garantizar­los.

Mi llamado es a comenzar con la formación de los profesores, capacitar y mediar también en los colegios. Como he señalado, la inclusión hay que vivirla, ese es el paso necesario para terminar con las discrimina­ciones.

Por último, quiero hacerme eco de las palabras de Paulina Bravo. Hay que ampliar el programa de acceso a la justicia para personas con discapacid­ad, incorporar esta temática en las escuelas de Derecho y promover capacitaci­ones en el poder judicial. De esta manera, la justicia será justicia cuando llegue a todos por igual.

*Fundación Tacal imparte cursos gratuitos para personas mayores de

18 años con discapacid­ad. www.fundaciont­acal.cl; F:

2 232 10 700; Adolfo Ibáñez 469, Independen­cia.

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