EXPULSIÓN EXPRESS
El Gobierno anunció ayer un proyecto de ley que acortará los plazos para que los directores de colegios puedan expulsar a alumnos que cometan desmanes.
El proyecto de Ley “Aula Segura” ya está listo para ser presentado en el Congreso. Ayer el Presidente Sebastián Piñera, acompañado por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, firmó la propuesta que pretende erradicar la violencia de los establecimientos educacionales. El mencionado proyecto, es la respuesta del Gobierno a los reciente incidentes protagonizados por encapuchados en recintos de enseñanza.
El Mandatario afirmó que esos actos de violencia “no solamente atentan contra la dignidad, la integridad física y la capacidad de enseñar de nuestros profesores. También atentan contra el derecho de todos los alumnos a poder recibir educación de calidad”.
La ceremonia se llevó a cabo en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, en la comuna de Santiago.
De esta manera, Piñera concretó un proyecto que ya había sido anunciado por la ministra Cubillos, en conjunto con los rectores del Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar. La respuesta del Presidente vino después de que, la semana pasada, encapuchados se enfrentaron con Fuerzas Especiales de Carabineros al interior del Liceo de Aplicación. Durante la refriega, un uniformado fue alcanzado por una bomba molotov.
“¿Qué pasa con esas personas? ¿Tiene que morir alguien para que reaccionen?”, se cuestionaba Piñera tras la jornada de violencia.
El proyecto presentado por el Gobierno busca dar más facultades a rectores de los establecimientos, con el fin de agilizar los procesos de expulsión a estudiantes involucrados en hechos de violencia en colegio municipales y particulares subvencionados.
Con el actual reglamento, pueden pasar hasta 25 días antes que un alumno sea expulsado, tiempo en el que puede seguir asistiendo a cla- ses. Con la norma propuesta, el Gobierno espera “garantizar tres derechos fundamentales”: a la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa, al debido proceso, y a la educación del estudiante sancionado.
“Esperamos contar con el apoyo de los parlamentarios para aprobar rápido esta ley que significa un fuerte apoyo a la educación pública”, enfatizó Cubillos.
“Debemos enfrentar con rigor la cobardía y la violencia que hemos visto en el actuar de estos jóvenes lanzando bombas Molotov al interior de los liceos o rociando con bencina a los docentes”, recalcó.