Gobierno anuncia “portabilidad” en créditos hipotecarios
Gobierno dijo que trabaja en medidas para agilizar y bajar costos que permitan trasladar el crédito de la vivienda de un banco a otro
Cambiarse de banco como de empresa de telefonía móvil. Esa es una de las medidas que ayer anunció el Gobierno y que son la primera parte de su Agenda Pro-Consumidor y Competitividad.
Fue el propio Presidente Sebastián Piñera quien explicó las medidas que se llevarán a cabo a través de ocho cambios normativos y legales. Respecto a la “portabilidad en créditos hipotecarios”, la idea es que las personas “tengan un mecanismo simple y rápido, de si tienen mejores condiciones en otro banco, poder irse con el crédito y con la hipoteca a otro banco”, sostuvo el Mandatario.
Fue el ministro de Economía el que dio algo más de detalles, indicando que es un tema que se ha trabajado ya por unos meses “en despejar con el Sernac de que haya una portabilidad de los créditos hipotecarios, mucho más rápida, mucho más eficiente”.
Añadió que esto será trabajado en coordinación con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, con el objetivo de reducir a la mitad o, incluso más, los plazos actuales, disminuyendo la cantidad de trámites y costos asociados, además de favorecer una mayor competencia en el mercado.
Para Felipe Bravo, académico de Derecho de la Universidad Católica, esta medida no resulta muy novedosa, debido a que es algo que ya había adelantado el superintendente de Bancos, “aunque destaca que “es positivo que se busque agilizarlo, por supuesto”.
Al respecto, el experto en derechos del consumidor subraya que la complejidad del asunto está en los pagos como impuestos, “pero más importante aún es el proceso de aprobación de los bancos en las renegociaciones. Usualmente se solicitan tasaciones del bien inmueble, por ejemplo, que también son costosas y pueden tomar tiempo”.
¿Pero cuánto cuesta el trámite de un hipotecario? Según Sergio Arcos, gerente general de Reistock.com, empresa de asesorías en inversión inmobiliaria, los gastos “que a veces se sacan directamente de la cuenta corriente del cliente o se incluyen los costos en el credito hipotecario”, consideran la tasación de la vivienda, que cuesta de 2,5 a 3 UF ($68.633 a $82.360 a vaor de hoy); estudios de títulos, unos 3UF; la escrituración, otras 2 UF ($54.907); el costo de la notaría, que ronda las 3UF también; a lo que se suma el impuesto al mutuo, que es un porcentaje del monto del crédito y los costos de las inscripciones de la propiedad.
En ese sentido, Bravo dice que el foco que debiera tener la medida del Gobierno “debiera ser en una ley que permita agilizar el trámite, pero también reducir sus costos, eximiéndolos de impuestos o del pago de nuevas inscripciones”.
Arcos, además, hace hincapié en cuándo convendría cambiarse de banco, porque dice que “el costo para el cliente es clave, tanto en lo financiero como lo contable, esto porque el costo contable es el operacional, pero el económico puede ser muy diferente si traspasas un crédito que está en su etapa inicial de pago, donde sólo pa- gas intereses o si estas en los ultimos años donde sólo pagas capital solicitado”, esto porque “repactar un crédito que está pagando sólo intereses versus uno que ya paga sólo capital puede ser la diferencia entre buen o mal negocio”.
Más fácil devolver
Otro de los temas abordados en esta agenda del Gobierno es regular de mejor manera las devoluciones en las compras por internet, con un comercio electrónico cada vez más creciente. “La mayor parte de las veces las empresas dicen que no se puede devolver el producto. Queremos que ellas nos ofrezcan dos alternativas: una es que se pueda devolver, que eventualmente puede ser más cara, y otra sin devolución, y uno elegirá libremente si es que quiere con o sin devolución, esperando que sean con precios distintos”, indicó Valente.
Respecto de este ítem, el abogado de la PUC afirma que para corregir esto, sólo bastaría con hacer cumplir lo que el propio retail ofrece. “Las grandes tiendas aceptan devoluciones de las compras por internet dentro del plazo de 10 días, con requisitos muy razonables. Lo necesario es fiscalizar y sancionar a las empresas que no cumplen con los beneficios o requisitos que ellas mismas se imponen. Para eso no es necesario un cambio legislativo”, acota.
“Debiera ser en una ley que permita agilizar el trámite, pero también reducir sus costos, eximiéndolos de impuestos o del pago de nuevas inscripciones” Felipe Bravo Alliende, profesor de derecho económico UC