La historia legislativa de cómo los medidores pasaron a manos de las empresas eléctricas
En la Comisión de Energía de la Sala, tres senadores, incluido el hoy ministro de Minería Baldo Prokurica, presentaron la indicación para que los aparatos quedaran a manos de las compañías
En enero de 2018 se fraguó lo que por esos entonces no parecía un tema de gran revuelo, pero que esta semana terminó explotando en lo que se conoce como la polémica del medidor inteligente.
De aquí a siete años, es decir, en un plazo hasta 2025, los clásicos medidores de lata analógicos deberán ser cambiados en su totalidad por los llamados “medidores inteligentes”. Ellos, además de estar conectados a la red y emitir datos que terminarán con la constatación física mensual, permitirán, por ejemplo, que las compañías sepan qué hogares están sin servicio cuando se corta el suministro. ¿ El problema? El costo del recambio correrá por total cuenta del usuario.
El debate estalló. La cuenta aumentaría unos $ 200 pesos mensuales con un plazo indefinido. Eso, porque los medidores pasaron a ser desde octubre, fecha en que entró en vigencia la nueva Ley General de Servicios Eléctricos, parte de la red de distribución. Por ende, si ahora el 70% de los usuarios es dueño de su medidor, cuando los dispositivos inteligentes sean la realidad, serán las compañías las poseedoras del dispositivo, e inflarán la cuenta con la figura de un “arriendo perpetuo”.
De una cosa a la otra
Todo comenzó en 2015. En ese año, un grupo de diputados presentó una iniciativa para que fueran las empresas eléctricas quienes asumieran el costo de cambiar los medidores tras una desastre natural o una causa mayor. La idea tuvo buena acogida en las comisiones de energía, pero su tramitación se postergó.
Según consta en el archivo de la Biblioteca Nacio- nal, con fecha de 5 de enero de 2018, fue la primera vez que se tocó el tema de los medidores inteligentes en la Comisión de Energía y Minería de la Sala. Allí, un representante de Comisión Nacional de Energía (CNE) presentó las cifras del plan piloto en Valparaíso y Santiago.
Con eso, y según consta en el registro, la subsecretaria de energía del gobierno anterior, Jimena Jara detalló que “la tendencia futura, tratándose de medidores inteligentes, se orienta en el sentido de que las distribuidoras sean dueñas de los aparatos”.
En esa línea, Andrés Romero, de la CNE, recomendó aquel día la necesidad de realizar cambios en la Ley General de Servicios Eléctricos para que los medidores pasaran a ser parte de la red de distribución.
Es decir, el costo del cambio y la instalación correrían por parte de las empresas, a cambio de que cobraran por el “ar riendo ”. Dicho y hecho, los senadores Alejandro García- Huidobro, Jorge Pizarro y el hoy ministro Baldo Prokurica, presentaron la indicación al proyecto.
Allí, además, consta en los registros que Prokurica “consultó por la posibilidad de que, al ampliarse la red de distribución, lo que implica una inversión superior, sea factible negociar un mayor valor en la tarifa”.
Con eso, se aprobó por unanimidad el sustituir el artículo 139 º bis de la ley, explicando que “el empalme y el medidor son parte de la red de distribución y, por tanto, de propiedad y responsabilidad de la concesionaria del servicio público de distribución (...) Los decretos tarifarios o el que los reemplace, determinarán la forma de incluir en sus fórmulas tarifarias la remuneración de estas instalaciones, así como las condiciones de aplicación de las tarifas asociadas a ellas”.
Esa indicación fue aprobada por 14 votos contra 0 el 17 de enero de ese año. Entre los votantes estuvo Juan Antonio Coloma, Francisco Chahuán, Alejandro Guillier, Jacqueline Van Rysselberghe, Andrés Zaldívar, entre otros.
Una votación que hoy tiene abierta una gran polémica.