Caso AK-47: la polémica prohibición
En el Juzgado se prohibió que se informaran públicamente los nombres de los imputados en el caso.
Este jueves se detuvo a un sexto involucrado en el caso en que se investiga la venta de un fusil AK-47 y de un cargador de 36 balas por un millón y medio de pesos.
La audiencia de formalización de cinco de los imputados (realizada el miércoles 19 de febrero) se declaró secreta y el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó la prohibición de informar las identidad por 40 días.
Pese a ello, se conocieron detalles de las identidades de los imputados y algunos de sus antecedentes. Como dio cuenta radio Biobío, los detenidos pertenecen al segmento ABC1 y son simpatizantes de Augusto Pinochet. En redes sociales la polémica apuntó a un trato preferencial, sumando que el Gobierno no se querellara por la Ley de Seguridad del Estado, causó extrañeza.
Pero el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, cuestionó desde otra mirada. En su opinión personal, ya que en la organización que encabeza no se ha conversado el asunto, sostuvo que impedir la divulgación de la identidad de imputados “no es una medida que yo apoye”.
Explicó que al aplicar esta “restricción”, los jueces “confunden” la disposición de presunción de inocencia. Ése es el argumento bajo el cual se aplica la medida, pero para Uribe, eso sólo corre en cuanto al trato que recibe la persona que está siendo investigada. “Ese trato que debe recibir, como imputado y no como condenado, no tiene nada que ver con la difusión noticiosa que hacen los medios de comunicación”, sostuvo a Publimetro.
En ese sentido, agregó que “los jueces entran en una área que no les corresponde, que es la política comunicacional que tiene cada medio de comunicación. No tienen porqué dar instrucciones respecto de cómo se debe entregar la información (...) Quedan en el filo de lo que podría ser censura previa y en un estado democrático la transparencia debe ser total”.
Esa postura, sin embargo, contrasta con lo expuesto por Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación de Magistrados. Según la ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, dentro de las garantías del debido proceso, “una de las más importantes es la presunción de inocencia. La persona debe ser tratada como inocente. Por eso, en todas las causas debiera estar protegida la identidad del imputado”.
Por lo demás, no es necesario que alguna de las partes lo solicite, explicó. “La presunción de inocencia es una garantía. No es necesario que en el código haya una manifestación expresa, al tratarse de un derecho, no debe quedar expresamente señalado en otra disposición”, sostuvo.
Durante la tarde el ministro del Interior (s), Juan Francisco Galli, precisó que durante la jornada requirieron antecedentes para presentar una querella en este caso. Aseveró que una vez que la información se libere, el 20 de marzo, “podremos presentar querella, según los delitos cometidos”.