“Negacionismo” enciende discusión del Reglamento de Ética de la Convención
En una sesión tensa, el Pleno definió los puntos que regularán su convivencia dentro de la corporación.
Luego de culminar la revisión del Reglamento General, el Pleno de la Convención se abocó al análisis de las indicaciones ingresadas al Reglamento de Ética del corporación.
Y en medio de una sesión bastante tensa, definieron qué se entenderá como infracción al principio de ética: “Desinformar en cualquier espacio o red social, incluyendo las sesiones de Sala o Comisión, presentando un hecho como real siendo falso”, por ejemplo.
Asimismo, aprobaron considerar como una infracción tener un trabajo remunerado adicional al de convencional, con excepción de labores docentes de hasta por ocho horas semanales, siempre fuera del horario de funcionamiento de la Convención. También lo será el aceptar regalos o donativos cuyo valor exceda una UTM.
En cuanto a las sanciones, los representantes zanjaron que habrá principalmente de dos tipos. Una amonestación, que es un “llamado de atención” que podría implicar la aplicación de una multa de entre el 5 y el 15% de la dieta mensua. Y por otro lado, la Censura, que implica un reproche por escrito y el pago de una multa de entre un 16% y un 30% de la dieta mensual.
Eliminaron, en los mismos términos, la “suspensión”, que suponía inhabilitar a un representante de participar en comisiones, pues incluso daba pie a suprimir el derecho a voz.
Si bien los puntos anteriores suscitaron ciertos roces, el momento más complejo se registró cuando se discutió qué se entenderá por negacionismo. Se rechazaron todas las indicaciones que se le ingresaron, desde la que presentó la derecha para eliminar el término, hasta la del Frente Amplio que buscaba acotar su definición.
Así, el Pleno determinó dejar la propuesta tal cual venía desde la Comisión de Ética.
“Se entenderá por negacionismo toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este”, se definió, junto con condenar “las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctima los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia”.
Ante lo acordado, los más críticos fueron los representantes oficialistas, que acusaron una suerte de dictadura.
“Hoy censura previa para los convencionales, mañana para la ciudadanía. Increíble que las ideas de izquierda sólo puedan defenderse por la fuerza de la sanción”, dijo Katerine Montealegre (UDI).