Indultados no necesariamente volverían a prisión si TC declara inconstitucionales los decretos
Opiniones van desde que se anularía decisión de Boric a aplicar principio pro reo. Los favorecidos ya estarían viendo sus derechos vulnerados.
El lío por los indultos que entregó el Presidente Boric a fines del año pasado y que permitió la liberación de 13 condenados o imputados por diferentes hechos sólo escala cada semana. La decisión del Tribunal Constitucional de pedir más antecedentes para poder decidir si los decretos presidenciales se acogieron o no a la Carta Magna alarga la espera. Pero el vaivén político casi hace olvidar un punto importante: si el TC le da la espalda al Ejecutivo, ¿eso quiere decir que automáticamente los indultados deben volver a prisión? La respuesta está lejos de ser clara. Sí y no, dicen los expertos. Todo depende, la verdad, porque los juristas se han visto enfrentados a un procedimiento inédito.
Primero, el objetivo final de los parlamentarios de oposición que en enero interpusieron este requerimiento en el Tribunal Constitucional es que los siete indultados cuyos decretos fueron puestos en duda (no son los 13) regresen a la cárcel -aparte, seguramente, de dar un golpe la gestión del oficialismo-. Así lo decía el presidente de Renovación Nacional el día que supo que el TC aceptó conocer la causa: “Hacemos el llamado al Presidente a invalidar estos indultos y que las personas que son un peligro para la sociedad vuelvan tras las rejas”. El Gobierno, en tanto, busca que todo se decrete dentro de la norma y seguir su camino.
Qué significaría un fallo en favor de los senadores requirentes lo explica María Ignacia Sandoval, académica del Centro de Estudios Constitucionales de Chile (Cecoch) de la Universidad de Talca: “La eventual hipótesis de que el Tribunal Constitucional acoja el requerimiento de inconstitucionalidad
respecto de los indultos, implica sostener que dichos actos administrativos tienen un vicio o problema referente a su constitucionalidad. En este caso, que no fueron cumplidos con los principios de juridicidad o igualdad ante la ley o que la autoridad no se ciñó a su competencia constitucional”.
Hasta ahí hay acuerdo. Pero nacen dos -o más- posturas, la discusión en los pasillos de Tribunales, universidades o donde sea que se crucen los abogados está abierta. Los profesores de Derecho ya están comentando el asunto en las aulas y son disímiles sus posiciones. No por nada es primera vez que se recurre al Tribunal Constitucional por indultos, una situación que no está regulada en la propia Carta Fundamental.
Esta novedad e incerteza no hace gracia a Emilio Estay, abogado de Jordano Santander, uno de los indultados. “Este procedimiento de inconstitucionalidad es bastante novedoso y los resultados prácticos no están bien delimitados, no hay mucha experiencia en aquello, entonces es un punto oscuro que genera una preocupación evidente”, declaró el abogado.
“Nuestros representados están muy preocupados por cuál sería el resultado en caso de que el Tribunal acogiese este requerimiento, ¿que los indultados volviesen a estar privados de libertad? Eso es lo que nos cuestionamos, ¿dónde está la responsabilidad del Estado que otorga este beneficio?”, añadió Estay.
“Si se diera ese fallo, los indultos carecerían de efectos jurídicos y por ello las personas indultadas deberían retornar a la situación previa, de privación de libertad, en la que se encontraban previamente a los decretos supremos”, asegura la profesora Sandoval.
Desde la Universidad San Sebastián, donde es académico, el abogado constitucionalista Julio Isamit coincide en que esa es una de las posibilidades. “Si se llegara a declarar la inconstitucionalidad de los decretos, tiene como finalidad anular sus efectos”, expone.
Pero, dice Isamit, hay que ponerse en la otra vereda: “También se podría decir que los que fueron beneficiados, sin perjuicio de haber sido culpables, al pedir el indulto actuaron de buena fe y no deberían cargar las consecuencias de un acto mal dictado por la autoridad. Es decir, hay que ver qué establece el detalle del fallo respecto de los terceros”.
Efectivamente, María Soledad Molina, también del grupo de abogados defensores de los indultados, detalló que su preocupación “se funda en una amenaza a la libertad personal de quienes fueron beneficiados. La Constitución consagra tres posibilidades de afectación de un derecho: la privación, la perturbación y la amenaza, y esta instancia (el recurso ante el TC), al menos perturba esos derechos y si se ve acogido, entonces hay una amenaza directa a la libertad de mi defendido”.
No es lo único. “Los abogados de los indultados tendrían buenos argumentos para oponerse a que regresen a la cárcel, por ejemplo, por el principio pro reo, que incluye que una persona que ya recibió un beneficio no puede perderlo por un error que no le es imputable, porque ellos no mintieron al solicitar el indulto, el problema fue de la autoridad”, acota el abogado Isamit.
El constitucionalista incluso se abre a la opción de que se termine estableciendo la responsabilidad de las autoridades que dictaron el decreto, pero no revertir la libertad. Además, tampoco está claro qué va a pasar con la investigación que sostenía la Contraloría, que hoy está suspendida mientras el asunto se vea en el Tribunal Constitucional.
“Hacemos el llamado a que las personas que son un peligro para la sociedad vuelvan tras las rejas”.
FRANCISCO CHAHUáN Presidente de RN.
“En caso de que el TC acogiese este requerimiento, ¿volverían a estar privados de libertad?”.
EMILIO ESTAY Abogado de un indultado.
“Los indultos carecerían de efectos y las personas deberían retornar a la privación de libertad”.
MARíA IGNACIA SANDOVAL Académica del Cecoch de UTalca.
“Una persona que ya recibió un beneficio no puede perderlo por un error que le es inimputable”.
JULIO ISAMIT
Académico de Derecho de la USS.