Alcaldes piden el traspaso de casas-narco a las municipalidades
Un grupo de alcaldes de la Región Metropolitana formalizó ayer una solicitud al fiscal nacional, Ángel Valencia, a fin de que instruya a cada representante del Ministerio Público para que en coordinación con las municipalidades se pueda pedir la destinación provisional ante tribunales de las casas vinculadas a casos de narcotráfico.
Suscriben la medida los jefes comunales Mauro Tamayo, de Cerro Navia; Felipe Muñoz, de Estación Central; Karina Delfino, de Quinta
Normal; Ítalo Bravo, de Pudahuel; Gonzalo Montoya, de Macul; Gonzalo Durán, de Independencia; Maximiliano Ríos, de Lo Prado; Joel Olmos, de La Cisterna; Claudia Pizarro, de La Pintana; Paulina Bobadilla, de Quilicura; Gustavo Toro, de San Ramón; y Cristóbal Labra, de San Joaquín.
El alcalde Tamayo sostuvo sobre la acción que llaman al fiscal nacional “a poder instruir a todos los fiscales del país respecto a casas como esta (se refiere a una que fue destinada provisionalmente a la municipalidad de Cero Navia) donde durante 30 años se traficó. La Fiscalía le pidió al tribunal de forma provisional entregarnos la casa y finalmente se trasforma en un espacio de seguridad parte del plan cuadrante municipal”. Luego detalló que, tras la solicitud, la casa demoró dos meses en pasar al municipio, a solicitud del Ministerio Público, a una institución del Estado”.
Gonzalo Montoya, mientras, enfatizó que “valoramos muchísimo esta iniciativa que se ha hecho en Cerro Navia,
creemos que es replicable a nivel nacional, solicitando al fiscal nacional que instruya a los fiscales regionales y de cada comuna, para poder desarrollar este tipo de iniciativas”.
Por su parte, Karina Delfino resaltó “que la iniciativa es una buena señal que iniciando este 2024 compartimos ideas que pueden servir a nuestras comunas. Muchas veces los vecinos denuncian puntos de tráfico de drogas, tiroteos, fuegos artificiales, se ven armas, y vivir con eso es un infierno. Esa propiedad se puede utilizar de buena manera en este caso como un punto de seguridad, o puede ser una sede comunitaria, para deportes o cultura”.
Jefes comunales proponen que propiedades confiscadas sean para uso social de los municipios.