Comisión visa acusación a Montes y ve a Boric como responsable
El órgano, con mayoría opositora, dio luz verde al libelo contra el ministro de Vivienda, aunque también los diputados apuntaron al rol del Presidente.
Diego Hermosilla P.
Tal como se esperaba, por su conformación de dos diputados oficialistas y tres de oposición, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, aprobó que el libelo siga su camino y sea visto hoy por el Pleno de la Cámara. Desde quienes rechazaban el documento, se insistió en que carecía de todo fundamento y caía en innumerables errores, mientras que quienes lo apoyaban señalaron que hay una responsabilidad que definir y si no es del jefe de cartera, entonces debería recaer en el propio Presidente, Gabriel Boric.
El libelo consiguió tres adhesiones. Una fue la de Cristian Labbe (UDI), quien expuso que “a un ministro que le allanan el Ministerio, decir que no tiene una responsabilidad política y que puede seguir al mando es cuestionable. Y una cosa que han dicho algunos abogados es que en este caso, a lo mejor, la responsabilidad política no es del ministro, sino más bien del Presidente de la República”.
En una línea en parte similar, Víctor Pino (Ind./Social Cristiano), presidente de la Comisión, argumentó que “nos quedó súper claro que el Presidente de la República es el único responsable de que
“El Presidente de la República es el único responsable de que Carlos Montes esté acusado constitucionalmente, por no haberlo removido”.
Carlos Montes esté acusado constitucionalmente, por no haber ejercido su derecho de haberlo removido. Los invitados lo reiteraron, la responsabilidad es del Presidente y nos queda a nosotros como Cámara de Diputados realizar las correcciones que muchas veces el Presidente no puede hacer”.
Labbé agregó que “hay una subsecretaria que cesó en sus funciones, pero se tardó en tomar esa decisión”.
Coincidió Natalia Romero (Ind./UDI), el tercer voto, quien declaró que “de acuerdo a lo dicho por nuestros invitados, sumado a la información pública, el ministro adoptó medidas administrativas tendientes a intentar corregir la grave situación, sin embargo, dicha opción fue a todas luces tardía, extemporánea e inoportuna”.
Tomás Hirsch (Humanista), quien votó en contra, manifestó que “nunca se había presentado una acusación constitucional tan desprolija, con tantos errores” y que “los diputados de oposición no pudieron traer un solo experto que defendiera su posición, sólo un profesor de derecho civil -gran profesorque nos presentó teorías demasiado novedosas sobre
responsabilidad del ministro, y a otro que nos dio un completo reporte de las cosas que ya han salido en la prensa”.
“Si ocupáramos el novedoso criterio que nos entrega la oposición se podría llegar a situaciones ridículas, como que cada vez que se vean las noticias, todo funcionario público tenga que denunciar lo que ve o que nosotros los diputados, por cada rumor o correo que nos llega, tendríamos que estar denunciando ante la Fiscalía. Es absurdo”, agregó Hirsch.
Finalmente, Emilia Nuyado (PS, el partido de Montes) observó que el texto “confunde las funciones del Ministerio con las funciones del ministro, haciéndolo responsable por hechos ajenos, cuando es requisito esencial de la acusación constitucional que el ministro de Estado responda por sus propios hechos. Y confunde la delegación de atribuciones con la delegación de firma”.
VíCTOR PINO
Pdte. Comisión por la AC.