Hasta el viernes podría llegar discusión por la “Ley Ómnibus”
El gobierno de Milei presentó el paquete legislativo con una serie de recorte a su plan inicial para poder sumar apoyos.
En el Congreso enfrenta una fuerte oposición, mientras que la justicia ha anulados varios decretos presidenciales.
“Queda una discusión profunda de las facultades extraordinarias y las privatizaciones, donde el Gobierno puede tener algún problema”.
MARTíN TETAZ Diputado radical (dialoguista)
Cámara de Diputados de Argentina inició ayer el debate de la “Ley Ómnibus” impulsada por el presidente ultraderechista Javier Milei como punto de partida de su ambicioso plan para la desregulación total de la economía del país.
Con el apoyo de la “oposición dialoguista”, la meganorma logró quórum en general, pero la discusión podría prolongarse y se votaría muy probablemente sólo el viernes.
El proyecto Ley de Bases y Puntos de Partida para la
Libertad de los argentinos —nombre oficial de la “Ley Ómnibus”— es considerada por Milei vital para el éxito de su programa económico y terminar con el flagelo de la inflación, que en 2023 fue de 211,4%.
Si no logra el respaldo del Congreso, el tropiezo dejará expuesta la debilidad política del ultraliberal que asumió el 10 de diciembre y dará una pésima señal a los mercados.
En rasgos generales, la meganorma contempla la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo sobre materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifas, energética y administrativa. Impulsa una profunda reforma del Estado y la privatización de empresas públicas.
También establece penas más duras contra protestas callejeras que afecten el normal funcionamiento del transporte o los servicios públicos y relajan las normas de legítima defensa para la policía.
De paso, recorta fondos para el cine y la cultura, desregula la actividad turística y la industria editorial, legaliza la reventa de entradas para espectáculos deportivos, autoriza a las universidades públicas fijar aranceles para extranjeros no residentes y flexibiliza la legislación en materia medioambiental.
La oposición es renuente a aprobar el proyecto tal cual fue enviado por Milei, porque considera que muchas reformas son inviables o requieren mayor discusión.
En especial, hay reticencias por el plazo de delegación de facultades legislativas, la privatización de empresas públicas, el aumento de impuestos a las exportaciones y la eliminación de la fórmula de actualización de jubilaciones por inflación, entre otros puntos. A ello se suma el rechazo de sindicatos, organizaciones sociales, grupos de derechos humanos y del mundo de la cultura.
“No hay cosas destacables, a lo largo y ancho el proyecto es contrario a los intereses de los argentinos y argentinas”, dijo Carlos Heller, de la Unión por la Patria, el bloque de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
El kirchnerismo y los diputados de la izquierda adelantaron que votarán en contra de la ley. Otros grupos políticos la cuestionan también, pero parcialmente. El oficialismo necesita al menos 129 sobre un total de 257 diputados.
El Gobierno, apremiado por la necesidades de apoyo legislativo, cambió a priori gran parte de la norma: de 664 artículos bajó a menos de 400. En especial, en el caso del plan de privatizaciones, dando marcha atrás a la estrategia planteada para la petrolera YPF y creando un sistema mixto para otras empresas como Banco Nación, que tendrá una privatización parcial.
Otras importantes compañías
“Me parece que el Gobierno se conforma con una aprobación general para la tapa de los diarios. Entiendo que se van a llevar una victoria muy parcial”.
PABLO CARRO
Unión por la Patria
(kirchnerismo)
nacionales de Argentina como Operadora Ferroviaria o Aerolíneas Argentinas se mantienen en la lista de empresas públicas que serán privatizadas.
La justicia, en tanto, ha tumbado varias disposiciones establecidas por Milei mediante decretos, como la derogación de la Ley de Tierras, que restringe la venta de terrenos a extranjeros; el paquete de reformas a la legislación laboral, que anulaba una serie de derechos para los trabajadores y la autorización para permitir que los clubes deportivos pudieran ser transformados en sociedades anónimas.