Tras 4 años, entra en acción el Cosena
Reunión. El organismo, convocado excepcionalmente por el Presidente, sesionará por primera vez desde noviembre de 2019. Lo acompañarán los presidentes del Senado, la Cámara y la Suprema, los comandantes de las FF.AA. y la contralora (S).
En la jornada de hoy -con el drama de los incendios aún vivo y por primera vez desde noviembre de 2019- sesionará el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), una medida que era solicitada por la oposición y que el Gobierno debió tomar, como varias anteriores, pese a que no la apoyaba hace poco tiempo.
Una historia que se ha repetido, por ejemplo, como ocurrió con los estados de excepción en la Macrozona Sur, que no estaba en los planes de la administración de Gabriel Boric cuando asumió, pero a poco andar debió acordar con el Congreso la aprobación quincenal de la medida. Como balance, La Moneda destaca que en el sector ha habido menos homicidios, lesionados, ataques incendiarios, cortes de ruta y robos de vehículos, así como de usurpaciones.
También se destaca el apoyo a la labor policial, aunque el sector oficialista incluso pensó en refundar Carabineros. Desde fines del año pasado, el Ministerio del Interior ha sumado medidas como conseguir control territorial para enfrentar delitos violentos con una presencia reforzada de 125 uniformados para frenar los delitos violentos y el uso de armas de fuego vinculados a personas con órdenes de detención pendientes o extranjeros irregulares.
El control migratorio es un tema en sí. Se estableció que las personas con órdenes de aprehensión quedarán retenidas y se procederá a su expulsión en cinco días a la vez
que quienes estén en situación irregular y no se hayan empadronado se les dictará expulsión. Como resultado, la Unidad Coordinadora Estratégica de la Macrozona Norte indica una disminución de ingresos al país por pasos no habilitados.
En total, el Ejecutivo aumentó el presupuesto de orden y seguridad en 2023 y para 2024 y destaca que ha publicado la cifra más alta de leyes en la materia desde el retorno de la democracia. Sólo la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado tiene 103 acciones e involucra a 17 instituciones públicas, con un presupuesto de $ 39 mil millones. La demolición de mausoleos narco está incluida en este marco.
El presupuesto 2023 consideró recursos para la adquisición
de 1.054 vehículos policiales, que debería replicarse en los años siguientes, con una inversión de $ 26 mil millones anuales.
Las autoridades también lanzaron el Plan Calles sin Violencia en las comunas con mayor concentración de delitos graves. Coordinado con Carabineros, PDI y el Ministerio Público, tiene como objetivo una persecución penal efectiva, mayores patrullajes policiales, fiscalización de infracciones e incivilidades e intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos.
El Ejecutivo destaca alzas en condenas y también celebra la baja en el aumento de homicidios y el incremento de incautaciones de drogas y armas, así como la desarticulación de tres mil bandas delictuales.