Crece la polémica por autos de lujo de la Corte Suprema
El ministro de Hacienda criticó la adquisición y la Dirección de Presupuestos dijo que no hay recursos asignados al ítem.
“La Ley de Presupuestos 2024 aprobada por el Congreso no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial”.
Luego de que ayer trascendiera que el pleno de la Corte Suprema había aprobado gastar 1.235 millones de pesos en la renovación de su flota de automóviles oficiales, ayer aumentó la polémica luego de que la decisión fuera críticadas por el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, y objetada por la Dirección de Presupuestos.
El asunto se agravó cuando uno de los integrantes del máximo tribunal dijo que él no había participado en la votación, además de que el Poder Judicial emitió un comunicado tratando de explicar el bochornoso proceso.
“En relación a las publicaciones aparecidas en la prensa con ocasión de la decisión de la Corte Suprema de renovar los vehículos institucionales, es oportuno aclarar que el acuerdo sobre el particular fue adoptado luego de un procedimiento de evaluación iniciado con anterioridad por la Corporación Administrativa del Poder Judicial”, comienza señalando el texto.
“Este proceso no ha culminado, por lo que aún no se han ejecutado los recursos fiscales que el Ministerio de Hacienda ha dispuesto para este preciso fin”, sostuvo.
El problema es que Mario Marcel, titular de la cartera aludida, sostuvo ayer que “yo, en mi caso, tengo un vehículo del 2015, con 260 mil kilómetros recorridos, y todavía funciona bien”. Y luego explicó que “Hacienda no visa las decisiones, no aprueba ni autoriza decisiones de esta naturaleza en el caso del Poder Judicial por ser una institución o un poder autónomo”.
La Dirección de Presupuestos, instancia central de Hacienda, emitió un comunicado en el que reitera lo sostenido por Marcel: “El Poder Judicial es autónomo en la
DIRECCIóN DE PRESUPUESTOS
ejecución de su presupuesto, por lo tanto, no requiere la autorización en los casos en que tenga recursos asignados según la Ley de Presupuestos vigente”, cerraba el documento.
El problema es que en los párrafos iniciales plantea una objeción mayor a la decisión de la Corte Suprema: “La Ley de Presupuestos 2024 aprobada por el Congreso no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial. Si bien se solicitaron recursos para aquello,
estos no fueron incluidos en la propuesta enviada al Congreso por parte del Ejecutivo (...) Asimismo, el Ministerio de Hacienda no ha realizado ninguna modificación presupuestaria al respecto”.
Luego, la Dipres apunta que “sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que en el sector público la compra de vehículos está sujeta a montos máximos, los cuales quedan establecidos en el instructivo dictado por Dipres y el Ministerio de Hacienda para la ejecución de la Ley de Presupuestos 2024 (oficio circular N°1 del 1 de febrero de 2024: Instrucciones específicas para la ejecución de la Ley de Presupuestos)”.
Y el último tropiezo es una aclaración pública para desmentir la votación del del ministro Mauricio Silva
Cancino a favor de la polémica decisión de comprar los 22 Lexus ES300h ($56.900.000 cada uno), explicando que “erróneamente se registró en el acta respectiva”, pues el aludido no estuvo presente el momento de la votación (que concluyó 11 a 2 en el errado recuento).
“El ministro Silva Cancino señaló que fue el primero que en la discusión sobre este tema que se efectuó ese día en la mañana, hizo saber su opinión en contra de la selección del auto elegido”, agrega la aclaración del Poder Judicial.
“Yo, en mi caso, tengo un vehículo del 2015, con 260 mil kilómetros recorridos, y todavía funciona bien”.
MARIO MARCEL Ministro de Hacienda