Amplia crítica a juez por visar videollamada a reos peligrosos
Magistrado es amenazado, Gobierno lo condena y la derecha pide su salida. Pero un diputado PC lo apoya.
“Las características de las personas y la condición procesal exigen comunicaciones restringidas”.
Un gran número de aristas generó la decisión de Daniel Urrutia Laubreaux, juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, de permitir videollamadas a reos en prisión preventiva acusados de pertenecer al crimen organizado. El magistrado aseguró que ha recibido amenazas, la UDI pidió ayer su expulsión del Poder Judicial, mientras que el Gobierno volvió a criticar la medida, mientras se resuelve en la Corte de Apelaciones si se hará realidad o no, ante una acción que provocó una orden de no innovar.
Carlos Quezada, abogado del juez, aseguró en CNN que “lo que hizo el magistrado fue la obligación legal de realizar una visita de cárcel y garantizar que se estén respetando las reglas mínimas y en estos cuatro casos no se estaban dando. Por eso estableció una resolución para ordenar a Gendarmería que se restituyera de alguna
manera la vinculación que deben tener con sus familiares”.
Unos presos están siendo investigados por nexos con el Tren de Aragua y otros por el crimen del cabo de Carabineros Daniel Palma.
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que “el Ejecutivo ha sido claro, la decisión del juez Urrutia infringe el derecho
penitenciario, especialmente aquellos que están vinculados a establecimientos de máxima seguridad. Las características de las personas que están privadas de libertad y la condición procesal en la que se encuentran exigen que las comunicaciones telemáticas estén completamente restringidas”.
Por su parte, la ministra vocera, Camila Vallejo, agregó que la decisión de Urrutia va en contra de las políticas que ha impulsado: “La política nacional contra el crimen organizado, con recursos, coordinaciones, modificaciones legales, para perseguir y que paguen con las penas más altas en la cárcel. Desde el Ministerio de Justicia, junto con Gendarmería, un reforzamiento de las condiciones y de seguridad en las cárceles para que estén aquellos por crimen organizado en total aislamiento”.
Ambas autoridades condenaron las amenazas que señaló haber recibido el juez Urrutia. Al respecto, la jueza de la Corte Suprema Ana Gloria Chevesich dijo estar “preocupada, los jueces deben tener la máxima tranquilidad en su trabajo”.
La oposición también criticó la decisión de Urrutia. El senador Iván Moreira (UDI) pidió que sea expulsado del Poder Judicial. “Los hechos
del juez Urrutia no son aislados, al entregarle beneficios que no corresponden cuando está en juego el Estado de derecho, la seguridad nacional. Nosotros queremos pedirle al Poder Judicial la suspensión y, como son tantos los hechos, la expulsión”, declaró.
La secretaria general de la UDI, María José Hoffman, sostuvo que el magistrado “está poniendo en riesgo a las víctimas del crimen organizado. Él no ha estado a la altura, se saltó al Poder Judicial, a Gendarmería y al propio Gobierno”.
Pero no todos han condenado la idea del magistrado, quien por estos días está de vacaciones. El diputado Matías Ramírez (PC) defiende a Urrutia, quien señaló que el juez “resolvió una solicitud en el marco del derecho nacional e internacional. No habiéndose solicitado la incomunicación, se determinó dar lugar a comunicaciones con sus redes de apoyo”. “La persecución de la oposición tiene más un raciocinio propio de épocas pasadas que el respeto a la separación de funciones y al Estado de Derecho”, añadió.
LUIS CORDERO Ministro de Justicia.
“El juez resolvió una solicitud en el marco del derecho, no habiéndose solicitado la incomunicación”.
MATÍAS RAMÍREZ Diputado de PC.