Levantan prisión preventiva de Daniel Andrade y Carlos Contreras
Fiscal del Caso DV destaca que resolución mantiene que los hechos constituyen delitos graves.
A dos de los procesados por el caso Democracia Viva, el representante de la fundación al momento del escándalo, Daniel Andrade, y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, se les cambiaron ayer las medidas cautelares. Luego de 75 días en prisión preventiva, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de manera unánime, declaró que los exmilitantes de Revolución Democrática deberán cumplir reclusión domiciliaria total y prohibición de salir del país.
Jaime Rojas, presidente de la Corte de Apelaciones, explicó que “ha habido nuevas
diligencias, que dieron antecedentes que no se tenían con anterioridad, como la declaración que prestó el imputado Carlos Contreras ante el Ministerio Público y hay un informe de Gendarmería que
señala sobre su baja peligrosidad delictual”.
“Lo dijimos en los alegatos, nosotros creemos que no ha habido ninguna asistencia o colaboración de los acusados”, reclamó el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar.
Los acusados enfrentan cargos por fraude al fisco por $426 millones, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Beckio, lamentó la decisión, pero destacó “lo que dice la resolución respecto de la existencia del delito y la calificación jurídica la Corte de Apelaciones, que mantuvo el pronunciamiento que ya había tenido el Tribunal de Garantía de Antofagasta, que los hechos que están siendo investigados son constitutivos de delito de fraude al fisco, entendemos nosotros también, de reiterado y ellos en calidad de autores”.
Andrés Bustos, abogado de Contreras, señaló que “quedó claro que la prisión preventiva era una medida que no se justifica, que es desproporcionada y (la resolución) va en línea de nuestra defensa, que indica que son otros los encargados, desde el punto de vista técnico, de elegir a las fundaciones”.
La medida llevó a la diputada Camila Flores (RN) a opinar que “preocupan las rebajas, estamos hablando de personas que cometieron delitos graves”, mientras que su par Raúl Soto (PPD) expuso que “es una mala señal. No hay que dejar ningún espacio para la impunidad, debe caerles el máximo rigor de la ley a aquellos que se hicieron ilegítimamente de recursos que iban a los sectores más vulnerables”.
Por esta misma arista, Paz Fuica Contreras, concejala y suspendida militante de RD, todavía se encuentra en prisión preventiva.