Niegan entrega de 621 mil ha por la Ley Lafkenche
Dos comunidades de Aysén presentaron las solicitudes, que fueron rechazadas por la comisión regional que debía visarlas.
Hace catorce años fue promulgada la Ley 20.249, conocida desde su tramitación como Ley Lafkenche, destinada a garantizar la protección de los derechos sobre el borde costero de esa etnia en el sur del país, así como su reconocimiento como pueblo originario.
Aquella norma establece una figura legal llamada Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO) que permite cautelar importantes áreas de preservación de usos y costumbres indígenas.
Precisamente apelando a esas disposiciones es que que dos comunidades lafkenches de la región de Aysén, compuestas por 59 personas, habían solicitado la administración de un total de 621 mil hectáreas.
La instancia que debe aprobar o rechazar dichas adjudicaciones es la Comisión Regional de Uso de Borde Costero
(Crubc), que este caso optó por rechazar, con una votación por amplio margen, ambas solicitudes. El mecanismo establece, aparte de aprobar o rechazar, una tercera opción: aprobar con modificaciones.
La primera petición correspondía a la comunidad Pu Wuapi, de la comuna de Guaitecas, que habían pedido 227.272 hectáreas de borde marítimo. Y recibió una negativa
amplia de parte de la comisión: votaron 33 de los 36 miembros, de los cuales 29 fueron para el rechazo, dos por el apruebo y dos por el apruebo con modificación.
La siguiente petición pertenecía a la comunidad Antunen Rain, de las Islas Huicha (comuna de Aysén), que solicitaba 393.945 hectáreas. Esta comunidad está compuesta por nueve familias.
En vista del resultado que había obtenido la primera tramitación, los representantes de Antunen Rain optaron por retirarse incluso antes de que se produjera la votación de su caso.
Respecto de lo pedido por la comunidad Pu Wuapi (23 familias), una de las voces que determinó el resultado fue la del delegado presidencia de Aysén, Rodrigo Araya, quien explicó que lo solicitado “se sobrepone en un 46% con la porción marítima de la Reserva Nacional Guaitecas, no existiendo a la fecha plan de manejo”, factor clave, según los intervinientes, en la votación final.
Ya en el período previo a estas presentaciones se levantó la oposición de la industria salmonera, del gremio del turismo, portuario y comunidades de pescadores, debido a que ambas peticiones afectaban sus intereses sectoriales.
La Cbruc, en tanto, está integrada por alcaldes, diversos secretarios regionales, representantes de los sectores ya mencionados y dos representantes de los pueblos originarios.