Las claves que hacen tan grave el Caso Filtraciones
El alto cargo de Muñoz y la cercanía de Hermosilla con el piñerismo. Consecuencias. La interferencia en las investigaciones complica a afectados.
El alto cargo que tenía Sergio Muñoz, director de la PDI; el nexo del abogado Luis Hermosilla con el gobierno de Sebastián Piñera y la injerencia en las investigaciones que los mensajes de asuntos reservados que se entregaban mutuamente son la suma que hace que el Caso Filtraciones sea especialmente grave.
De acuerdo a Ciper, entre junio de 2021 y octubre de 2023 hubo centenares de mensajes en cinco casos clave. El abogado Diego Palomo, académico de la Universidad de Talca, asegura que la ventaja que puede tener una parte al ser advertido de las diligencias de la policía es enorme. “El efecto sorpresa es vital para el éxito de las diligencias de investigación. La ventaja es evidente: puede advertir a demás partícipes, eliminar u ocultar pruebas, comprometiendo la investigación”, indica el jurista.
Uno de los casos es el del exjefe de la PDI Héctor Espinosa, acusado de malversar $146 millones en fondos reservados. Para ayudar a su antecesor, Muñoz avisó a Hermosilla que la Unidad de Recursos Financieros le estaba pidiendo antecedentes, a solicitud de un fiscal, como detalles de cheques, ejercicio que repitió cuando se le solicitó la lista de funcionarios del gabinete del entonces director Espinosa,
visitas a BancoEstado y has- ta que lo estaban citando a él mismo a declarar. Hermosi- lla, a cambio, le advirtió que se iban a discutir cautelares.
En tanto, las miradas estaban sobre el gobierno de Sebastián Piñera, cuando su familia estaba vendiendo la minera Dominga, porque el último pago dependía de una medida que debía decidir La Moneda. El Presidente fue investigado por soborno, cohecho y delitos tributarios. El entonces director de la PDI le avisó a Hermosilla del requerimiento desde la Unidad Anticorrupción y la
lista de las empresas y so- ciedades que iban a ser visi- tadas por la policía en busca de documentos, entre ellas, algunas ligadas a Carlos Alberto Délano y a la familia Piñera Morel.
En otra arista, se investigaba el rol del gobierno en la autorización que hizo la Superintendencia de Casinos para que Enjoy renovara boletas de garantía, negocio en que participaban dos compañías que administraban el fideicomiso ciego del expresidente Piñera. Acá, Sergio Muñoz le advirtió a Hermosilla que la Fiscalía
iba a citar a declarar a José Francisco Moreno, subse- cretario de Telecomunica- ciones.
Los otros dos casos, Torrealba y Guevara afectan ya no a la figura de Piñera directamente, sino a cercanos a su sector. El analista político Danilo Herrera explica qué tan común es en el mundo político tener una red de contactos como la de Luis Hermosilla. “Las relaciones de poder tienen que ver más con la élite social en Chile que con este caso en particular, la gran mayoría estudió en los mismos colegios, en las mismas universidades y asisten a los mismos clubes. Esto pasa mucho más en la derecha, aunque no exclusivamente, por el respaldo que tiene en la élite económica chilena”, indica el experto.
En el caso del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, investigado por quedarse con dinero de la Municipalidad, Muñoz le envió a Hermosilla una imagen -parte de documentos reservados- que graficaba el esquema que se habría utilizado para defraudar al municipio.
Esa arista también afectaba a Felipe Guevara, cuyo nombre aparecía en el esquema, y el exintendente enfrentaba la negociación incompatible en la adjudicación de un proyecto a un hermano. En este caso, el exdirector de la PDI le filtraba cómo iban las diligencias y adelantaba las solicitudes para que Guevara y al entonces subsecretario del Interior Juan Francisco Galli entregaran información.
Un punto fundamental, señalan los expertos, es si las informaciones filtradas tuvieron algún efecto en las investigaciones. Según explica el abogado Diego Palomo, “la diferencia es que si hay daño, hay además obstrucción, o una figura agravada, como se contempla a propósito del artículo 246, 269 bis y ter del Código Penal o de las modificaciones a la ley del lavado de activos”.
Eso sí, el académico de UTalca aclara: “Por cierto, el perjuicio concreto materializado debe ser demostrado”.