Matan a alcaide mientras Ecuador vota referéndum sobre seguridad
El funcionario recibió tiros en la cabeza cuando almorzaba con su familia en un restaurante.
Hombres armados asesinaron ayer al director de una cárcel de Manabí, provincia del noreste de Ecuador, el mismo día que se celebraba una consulta popular cuyas preguntas están, en parte, vertebradas en torno a la dramática situación de inseguridad en el país.
El fallecido, Damián Parrales Merchán, era el alcaide del Centro de Privación de Libertad N4 El Rodeo y fue asesinado de varios disparos en la cabeza en un restaurante de la localidad de Jipijapa, en el sur de la provincia costera.
Parrales estaba almorzando
junto a su esposa y otros familiares cuando fue sorprendido por un ataque armado en el interior del establecimiento,
según confirmó Roberto Rivera, jefe de la Policía de Jipijapa, al diario ‘El Universo’.
Los agentes acordonaron la escena del crimen para levantar el cadáver y llegaron a contar hasta 20 casquillos de bala. La mujer de Merchán resultó herida, aunque su estado no se ha dado a conocer.
La gravedad de la crisis de seguridad ecuatoriana se expresa en el caso de Parrales, así como en el asesinato del alcalde de la ciudad minera de Portovelo, al sur de Ecuador, ocurrido el viernes tras recibir varios disparos mientras realizaba actividades en el centro de esa ciudad.
A eso se suma lo sucecido, el miércoles con el alcalde de la ciudad minera de Ponce Enríquez, José Sánchez, quien también fue asesinado a tiros. Y hace un mes corrió la misma suerte Brigitte García, quien con 26 años de edad era la alcaldesa San Vicente (también en Manabí). Era, por cierto, la edial de más joven de Ecuador y en la misma acción criminal murió Jairo Loor, su jefe de comunicaciones.
El referéndum que se votaba ayer plantea, entre otros puntos, dotar de mayor poder a las Fuerzas Armadas, una institución a la que el presidente Daniel Noboa ha recurrido durante estas últimas semanas tras declarar oficialmente que Ecuador vive un conflicto armado interno como resultado de la actividad de las bandas criminales.
La consulta consideraba 11 preguntas -cinco de las cuales implicaban cambios constitucionalesque debían ser respondidas con “sí” o “no”.