Editorial
El efecto inhibitorio que provoca sobre los medios una querella de la naturaleza de la interpuesta por la Presidenta, es un aspecto complejo en el libre ejercicio del periodismo.
PESE A QUE desde un inicio se enfatizó que la acción legal era como persona natural y no como mandataria, fue el ministro vocero de La Moneda, Marcelo Díaz, quien el miércoles 1, cerca de las 16 horas, informó a la prensa que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se querelló por injurias y calumnias contra la revista Qué Pasa, perteneciente a Copesa, consorcio periodístico que también edita PULSO.
La acción de la Presidenta surge como respuesta a una publicación de Qué Pasa de extractos de un informe del OS-9 de Carabineros que daba cuenta de las escuchas telefónicas del ex operador UDI y uno de los formalizados por el Caso Caval, Juan Díaz, donde se vinculaba a la mandataria con el Caso Caval. Al día siguiente del anuncio del ministro Díaz, la Presidenta, desde Francia -donde participó de una actividad del Gobierno en el marco de la OCDE- se refirió al caso, argumentando que con la presentación está haciendo uso del derecho a defenderse de supuestas injurias.
La declaración de la Presidenta fue leída ante periodistas locales e internacionales, y en ella aseguró creer en la libertad de expresión, pero enfatizando la responsabilidad de los medios al momento de informar. Posterior a esta declaración, se conoció que la acción legal de Bachelet, acogida por tribunales a trámite, pide tres años de cárcel y una multa de $6,8 millones contra los periodistas vinculados a la publicación.
Además, pese al énfasis que el Gobierno y la propia Presidenta han hecho respecto de que la querella se presenta como persona natural, como “ciudadana”, en los medios de prueba que ofrece la defensa de la mandataria figuran como testigos el propio ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz; la jefa de Gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte; y el periodista y actual asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores Ascanio Cavallo. Todos los testigos, excepto Cavallo, según consigna la querella, registraron domicilio en La Moneda.
La acción judicial de la Presidenta Bachelet -condición indivisible de la “ciudadana Bachelet”- ha sido criticada en duros términos no solo en ámbitos periodísticos, sino también por destacadas figuras de la academia. Prueba de ello son, por ejemplo, las columnas publicadas y las entrevistas concedidas por el rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña, que no solo salió en defensa del libre ejercicio del periodismo el fin de semana en El Mercurio, sino también -en el mismo medio- al día siguiente de anunciada la acción legal. En la publicación Peña insiste en la idea, que ha tomado más fuerza con los días, de que el acto de publicar una declaración no es equivalente a adherir a su contenido. Ha enfatizado que son los propios medios los que deben evaluar su accionar, sus mecanismos de autorregulación, lo que además se vería refrendado por las audiencias, por la valoración que el público tiene respecto de cada medio de comunicación.
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo en una entrevista a La Tercera que en el ejercicio del periodismo se pueden cometer errores, pero que la norma para corregir estos debe ser por medio del mecanismo menos gravoso para la libertad de expresión.
La Asociación Nacional de Prensa (ANP) emitió una declaración donde reconoce el derecho de todas las personas a recurrir ante los tribunales de justicia, pero recalcando que la querella interpuesta por la mandataria tiene un grave efecto inhibitorio para los medios de comunicación. Es justamente este efecto el que más ruido ha causado en el ambiente periodístico, el cual ha cerrado filas contra una acción legal desproporcionada y poco fundamentada.