Políticas para la igualdad y el desarrollo
Las coyunturas económicas difíciles no pueden poner en cuestión los consensos conceptuales y avances prácticos de nuestros países en materia de garantizar derechos económicos y sociales.
POR ESTOS días, un conjunto de actores del sector público, la sociedad civil y el sistema de Naciones Unidas hemos estado analizando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos que esta plantea a Chile, poniendo el foco en la igualdad como uno de sus objetivos centrales.
Esta reflexión se sitúa en continuidad con los contenidos y el enfoque abordados en el 36° período de sesiones de la Cepal. Un tema que ha estado muy presente en el debate es la ralentización del crecimiento en toda la región, debido al fuerte impacto de la caída del precio de los commodities, junto con la constatación de una tendencia a la baja en el ritmo de disminución de la pobreza y la desigualdad. En ese contexto, como Ministerio de Desarrollo Social hemos sostenido que uno de los principales desafíos, bajo las actuales condiciones macroeconómicas del subcontinente y del Caribe, es persistir en la mantención y desarrollo de sólidos sistemas de protección social con enfoque de derechos, evitando una involución hacia la perspectiva de “redes de protección social” predominante en las décadas del 80 y 90 del siglo pasado. Por cierto, ello no obsta para que puedan ajustarse los ritmos de ampliación progresiva del acceso a determinados bienes públicos.
Las coyunturas económicas difíciles no pueden poner en cuestión los importantes consensos conceptuales y avances prácticos que han tenido nuestros países en materia de garantía de derechos económicos, sociales y culturales de su población. En la experiencia de Chile, para el logro de este objetivo ha sido fundamental contar con un marco que permita desarrollar un gasto fiscal contracíclico y el respeto del principio “a gasto permanente, recursos permanentes”, lo que debe estar garantizado por ley para evitar retrocesos. Tales condiciones fueron las que nos permitieron superar la crisis subprime de 2008, junto con materializar -en ese mismo período- el pilar solidario del sistema de pensiones.
Resulta también clave la ampliación del espacio fiscal -aspecto sobre el que ha insistido la Cepal- por la vía de una mayor tributación que sea equitativa, donde los que tienen más paguen más. Tal fue el sentido de la Reforma Tributaria de 2015, cuyo objetivo es MARCOS BARRAZA GÓMEZ financiar una reforma educacional de carácter integral que busca asegurar el acceso a una educación inclusiva, gratuita y de calidad a todos los niños, niñas y jóvenes, incluyendo la gratuidad progresiva de la educación terciaria.
Desde luego es también imperativo hacer los máximos esfuerzos por incrementar los niveles de crecimiento, pues los vasos comunicantes entre crecimiento e inversión social son evidentes. A ese respecto, valoramos profundamente la discusión que se ha instalado en la región, respecto de la necesidad de superar nuestra fuerte dependencia del precio de las materias primas, lo que supone repensar la estrategia de desarrollo.
En tal sentido, cabe enfatizar lo siguiente: las políticas sociales orientadas a combatir la desigualdad, en tanto redistribuyen oportunidades y potencian el despliegue de las capacidades de la población, son vitales para asegurar el crecimiento de largo plazo y potenciar el giro hacia un patrón de exportaciones con mayor valor agregado. Esa es otra de las razones por las que no deben considerarse incompatibles la protección social con el crecimiento económico, sino que, por el contrario, deben concebirse como dos factores que se potencian recíprocamente. Eso es, por lo demás, lo que demuestra un número creciente de estudios académicos y de distintos organismos internacionales.
El autor es ministro de Desarrollo Social.