Ref. Laboral: oposición evalúa llevar veto al TC
Ejecutivo condicionó perfeccionamiento al apoyo de la oposición. Sin embargo, dicho sector descartó hacerlo vía un cambio constitucional e hizo reservas de constitucionalidad por el veto.
—El trámite de la Reforma Laboral está lejos de acabar para el Gobierno. Ayer, pese a que el ministro de Hacienda se abrió a regular los grupos negociadores y los pactos de adaptabilidad, la oposición amenazó con enviar el veto presidencial al Tribunal Constitucional.
— Su primera valla en el Congreso sorteó ayer el veto presidencial supresivo al proyecto de Reforma Laboral, luego de que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados lo aprobara por ocho votos a favor y cinco en contra.
El Ejecutivo optó el pasado viernes por retomar la tramitación del veto, después de que fracasaran las negociaciones para impulsar un acuerdo que permitiera una reforma constitucional que posibilitara la “preeminencia” de los sindicatos por sobre los grupos negociadores.
La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, aludió a esta situación, señalando que “con esta oposición es imposible construir mayorías para avanzar en legislaciones en materia laboral”.
En ese plano, el texto de la facultad exclusiva de la Presidenta de la República dice que “la supresión de las normas de titularidad sindical desequilibra el sistema propuesto de negociación de pactos sobre condiciones especiales de trabajo, como son la distribución de las jornadas de trabajo o el tiempo de preparación para trabajar. Por ello, para reestablecer dicho equilibrio en las relaciones entre trabajadores y empresarios, se hace indispensable revisar las normas
¿Qué ha pasado? El veto presidencial a la Reforma Laboral, que tiene plazo de discusión inmediata, fue aprobado ayer por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, sorteando así su primera valla en el Congreso.
¿Por qué ha pasado? El Gobierno optó la semana pasada por reactivar la tramitación del veto, luego que fracasaran las negociaciones para impulsar un acuerdo que permitiera una reforma constitucional que posibilitara la “preminencia” de los sindicatos por sobre los grupos negociadores.
¿Qué consecuencias tiene? Pese a que en los últimos días los representantes del comité político y del Ministerio del Trabajo afirmaron que se había desechado enviar otra iniciativa legal, ayer el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se abrió a regular en el futuro los vacíos que quedarán en la ley. de quórum de negociación y eliminar tres de los cinco pactos de adaptabilidad contemplados en el proyecto aprobado previamente por el Congreso”.
Los tres pactos eliminados corresponden a los que permitían acordar sistemas excepcionales de jornada de trabajo y descanso; los de horas extraordinarias y los referidos al sobre tiempo de preparación para trabajar y jornada pasiva.
En el segundo lugar de la tabla de hoy, la sala de la Cámara Baja someterá a votación durante una hora el veto. Se espera que en la tarde de este miércoles la iniciativa también sea revisada por la Comisión de Trabajo del Senado y luego por la sala de esa corporación.
DEBATE. Pese a que en los últimos días los representantes del comité político y el Ministerio del Trabajo afirmaron que se había desechado enviar otra iniciativa legal, durante la sesión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se abrió a regular en el futuro los vacíos que quedarán en la ley.
“El tema de la poca precisión respecto de que van a hacer los grupos (negociadores) es un tema provocado por lo que ustedes (la oposición) requirieron y por lo tanto, estamos muy abiertos a explorar soluciones”, dijo Valdés.
En la misma línea, el jefe del comité de senadores de la DC Andrés Zaldívar confirmó que estudiarán reponer más adelante los pactos de jornadas especiales que se vetaron, pero con un enfoque en jóvenes, mujeres y adultos mayores.
Desde la oposición, el diputado y ex presidente de la UDI, Patricio Melero, indicó que siempre han estado abiertos a dialogar pero dentro del marco constitucional. Senado Se espera que hoy el veto pase a la Comisión de Trabajo del Senado. Selectivo El diputado UDI Patricio Melero criticó que se vetaran sólo tres de los cinco pactos.
De hecho, la discusión del veto presidencial en la comisión estuvo marcada por la desregulación en que quedarán los grupos negociadores tras la promulgación del proyecto, y el espacio de judicialización que ello abriría en el futuro.
Al respecto, Melero criticó el camino adoptado por el gobierno, “es irresponsable, porque deja en los tribunales de justicia la resolución de muchas normas”.
“La responsabilidad de un Gobierno no es traspasarle a otro poder del Estado el establecimiento de las normas, sino que debió haberlo resuelto a través del veto, no sólo con normas supresivas, sino que también con proposiciones y con una ley corta”, agregó Melero.
A su vez, el jefe de la bancada de diputados de RN, Nicolás Monckeberg, fue más duro y sostuvo que la presentación del veto “es grave e irresponsable, porque el Gobierno incurre en un desacato, pues ignora claramente el fallo del Tribunal Constitucional que estableció algo básico, que fue equiparar los derechos de los trabajadores estén afiliados a un sindicato o estén en un grupo negociador”.
Monckeberg aseguró que el veto aprobado establece una nueva inconstitucionalidad, “porque hoy día una mujer que quiera adaptar su jornada de trabajo a su familia, solo lo puede hacer si está afiliada a un sindicato. Una mujer no afiliada al sindicato parece que vale menos y no va a tener el derecho a pactar esa adaptabilidad”.
Respecto de los pactos de adaptabilidad, el diputado Melero señaló que el veto debió haber eliminado los cincos pactos que contenía el proyecto, y no solo tres. El parlamentario arguyó que el Gobierno no eliminó los
otros dos (de responsabilidad familiar y distribución de jornada semanal), por razones políticas, ya que estos eran iniciativa de las senadoras Goic y Muñoz.
Melero y Monckeberg hicieron reservas de constitucionalidad respecto del veto a los pactos de adaptabilidad y la desregulación de los grupos negociadores, no descartando volver a recurrir al TC.
En tanto, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, respondió a los cuestionamientos de la oposición por el supuesto desacato del fallo del TC, señalando que “no conocía esa figura (...), no conocía que el tribunal tuviera facultades para ordenarnos legislar de una manera determinada”.
Rincón reconoció que les habría gustado alcanzar un acuerdo sobre el problema que provoca el fallo del TC, pero “no fue posible consensuar una reforma constitucional que nos permitiera legislar y regular estas materias”. Añadió, sin embargo, que esto no tiene relación con la aprobación del veto supresivo en trámite, que responde a la necesidad de superar los desequilibrios que provocó el requerimiento de la oposición al TC.
Sobre las negociaciones regladas para los grupos negociadores, precisó que no hay regulación, y que era un tema que querían resolver y para ello buscaron acercamientos con la oposición, “pero el portazo fue de público conocimiento”.