Congreso verá hoy diferencias en proyecto de Libre Competencia

Hoy una Comisión Mixta se reunirá para zanjar el proyecto que regula la libre competencia.

— Luego que no hubiera acuerdo entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto a qué entidad debiera iniciar la acción penal en casos de colusión, la Comisión Mixta se dio cita hoy para atar el último cabo suelto en el proyecto de ley que fortalece la libre competencia.

En primera instancia, la Cámara Alta aprobó la exclusividad penal para la Fiscalía Nacional Económica (FNE), disposición que fue rechazada por los diputados porque ello implicaría necesariamente depender de la vo- luntad de dicha institución.

“Por disposición de la Constitución es el Ministerio Público el encargado de dirigir la investigación y de ejecutar la acción penal pública. Es esta institución la única legalmente habilitada para ejercer dirección sobre las policías e instruirlas acerca de las diligencias que deben llevar a cabo. Esta facultad no está contemplada para la FNE, que carece de las potestades antedichas y no puede dirigir –por sí- investigación penal alguna”, asegura Esteban García Nadal, abogado socio de García Magliona.

Según los expertos el riesgo de otorgarle la exclusividad penal al fiscal económico es que se le entrega al criterio de una autoridad unipersonal la persecución penal de los hechos constitutivos de colusión. Esto quiere decir que la iniciativa para dar inicio a una investigación se le otorgaría solamente a la FNE, no como hoy día que las investigaciones en distintos delitos pueden iniciarse por cualquier persona o institución que tenga conocimiento del hecho.

“Es similar a lo que ocurre hoy con Impuestos Internos por los Delitos Tributarios, en donde hemos visto que el Ministerio Público ha debido incluso hacer grandes presiones para que dicho órgano presente querella para la persecución penal de los hechos, ya que es de su exclusividad dicha función”, ex- El proyecto suscitó diferencias entre ambas cámaras.

plica Lya Rojas, socia directora de Rojas Abogados.

Uno de los puntos más relevantes a favor del proyecto es que “el volumen de juicios e investigaciones criminales que es dirigido por el Ministerio Público es siempre elevado y que, si bien la Fiscalía de Chile posee áreas de espe-

cialización para este tipo de delitos, nunca va a tener el nivel técnico y de expertise en materias de colusión que ha alcanzado el TDLC y la FNE”, aclara García.

A juicio de los expertos, la principal falencia del sistema actual es la impunidad, por lo que restablecer las sanciones penales en este tipo de conductas –como lo contompla el proyecto de ley- es un gran avance en esta materia.

“La colusión dejó de ser un delito para incentivar a las denuncias en estas materias, caso en los cuales se estaría expuesto solo a multas”, enfatiza Rojas.