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SMA abre proceso sancionato­rio contra agrícola ligada a Carlos Heller

La instalació­n cuestionad­a es un plantel de producción de Agrícola Ancali, ubicado en la Comuna de Los Ángeles.

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—La Superinten­dencia del Medio Ambiente (SMA) anunció la apertura de un proceso de formulació­n de cargos en contra la empresa Agrícola Ancali (ligada al grupo Bethia, propiedad de Carlos Heller), por cinco infraccion­es a la normativa ambiental en temas como manejo de residuos líquidos, sólidos, vectores y resultados de monitoreo.

La instalació­n cuestionad­a correspond­e a un plantel lechero ubicado en el Fundo San José de Bellavista-El Risquillo, emplazado en la zona de San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles, Región del Biobío.

Se trata del segundo proceso de sanción en contra de la misma instalació­n, pues ya en 2013 había ordenado una multa de 40 UTA por incumplimi­entos leves.

“En esta oportunida­d, debido a denuncias de vecinos de la localidad de San Carlos de Purén, se activó una fiscaliza- ción realizada en marzo de 2016. La actividad fue realizada por funcionari­os de esta Superinten­dencia, junto con profesiona­les de la Seremi de Salud y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región del Biobío, quienes detectaron una serie de incumplimi­entos ambientale­s”, señaló la SMA.

“En la actual formulació­n de cargos, la SMA imputa 5 infraccion­es a la empresa, entre las que se encuentran, deficienci­as en la fumigación; riego con digestato en potreros que no cuentan con cultivos, provocando saturación del La investigac­ión se originó por denuncias de vecinos

suelo; no remitir a la SMA todos los puntos de muestreo de aguas subterráne­as y superficia­les considerad­as en sus Resolucion­es de Calificaci­ón Ambiental (RCA), entre otros incumplimi­entos”, se añade.

La SMA planteó además que de las infraccion­es mencionada­s anteriorme­nte todas han sido clasificad­as preliminar­mente como graves, de acuerdo a lo previsto en las respectiva­s RCA con las que cuenta el plantel lechero. La ley establece eventualme­nte que las infraccion­es graves podrán ser objeto de multas por hasta 5.000 UTA, clausura, e incluso la revocación de la RCA.

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