Acreedores de Onix pedirán a liquidador que impugne cobros de la Tesorería

Además, junta de acreedores votará hoy para que se inicie el proceso de liquidación transfronteriza, para lo cual el liquidador Carlos Parada evalúa el presupuesto de tres estudios de abogados en Estados Unidos.

—Fue la última en entregar los documentos para la verificación de créditos en medio del proceso de liquidación de Onix. El acto de la Tesorería General de la República, que considera un crédito por $10 mil millones, no sólo atrasó el proceso, sino que además disminuyó las posibilidades de los acreedores de recuperar sus dineros.

Los documentos entregados por el ente recaudador representan impuestos de retención y recargo e impuestos a la renta de los últimos seis años, por lo que además, al final del proceso el monto podría duplicarse por efecto de intereses, reajustes y multas.

Por eso, en la junta de acree-

¿Qué ha pasado? Los abogados querellantes deberán votar hoy para solicitar que el liquidador interponga una demanda por impugnación contra los giros por $10 mil millones presentados por Tesorería en la liquidación de Onix.

¿Por qué ha pasado? Según los acreedores, la cifra de Tesorería no superaría los $3 mil millones.

¿Qué consecuencias tiene? De existir dinero para hacer frente a las deudas de Onix, los empleados de la empresa son quienes tienen prioridad de pago, seguidos por Tesorería y en tercer lugar los acreedores. dores que se reunirá hoy a las 15 horas en el 30° Juzgado Civil de Santiago, los abogados querellantes que verificaron sus créditos votarán para que el liquidador, Carlos Parada, interponga una demanda de reclamación contra el organismo estatal para determinar la cifra exacta que Onix le adeuda. La estimación de los abogados es que la cifra bordearía los $3 mil millones.

Para el abogado querellante Rafael Gómez, quien representa créditos por unos $10 mil millones, “el propósito de la demanda de reclamación tributaria es solicitar al tribunal tributario que rechace los giros por $10 mil millones fundado en la inexistencia de deuda tributaria por concepto de rentas”.

La preocupación de los querellantes se funda en que las deudas de la firma con el órgano recaudador tienen preferencias legales de pago, por lo que las opciones de los acreedores de recuperar su dinero se reducen de manera importante, ya que además de existir dinero para hacer frente a las obligaciones financieras de la firma liderada por Alberto Chang, parte importante se irá al pago de los empleados, quedando así los acreedores en tercer lugar.

De todas formas, el tribunal ya autorizó que tanto Tesorería como a los demás acreedores -que en total superan los $75.342 millones- voten en la junta de hoy, ya que el liquidador estuvo por solicitar al Tribunal la autorización para que hoy puedan concurrir y votar todos quienes verifica- ron sus créditos en el período estipulado. En la instancia, además deberán ratificar la gestión y aprobar la continuidad de Parada en el cargo.

ESTRATEGIA JUDICIAL EN EL EXTRANJERO. El abogado Carlos Parada, a cargo de la liquidación de Onix, no sólo debe hacerse cargo de la arista local del proceso, sino que además se encuentra evaluando la contratación de un equipo de abogados en —Cada vez más sombrío resulta el escenario judicial de Alberto Chang y su madre, Verónica Rajii, ambos investigados por los delitos de lavado de dinero, estafa y vulneración a la Ley de Bancos.

Según la Fiscalía, ambos forman parte de un esquema piramidal que afectó a 1.000 personas y generó perjuicios por US$100 millones. Hoy, el trabajo de querellantes y demandantes se ha centrado en la restitución de los dineros invertidos en el holding que prometía jugosos Estados Unidos, situación que también debe ser aprobada por la junta.

Junto a su equipo, Parada analiza tres presupuestos entregados por equipos jurídicos. Dentro de las características de los tres está que cuenten con equipos internacionales, para así hacer frente al proceso en los demás países donde retornos a los inversionistas.

En el marco de este proceso, el 25° Juzgado Civil de Santiago decretó la liquidación de activos del holding, advirtiendo a cualquier potencial aho- Chang posee bienes, como Australia, Islas Mosquito, Londres y Malta.

La decisión también será tomada hoy por los acreedores quienes votarán para que se inicie el proceso de liquidación transfronteriza, proceso del cual deberá participar la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento rrista o proveedor sobre los riesgos de sostener negocios con la compañía.

“Adviértase al público que no debe pagar ni entregar mercaderías a la empresa deudora, bajo pena de nulidad de los pagos y entregas y que aquellas personas que tengan bienes o documentos que le pertenezcan, deberán ponerlos a disposición del Liquidador”, sostuvo la jueza Susana Rodríguez en su resolución.

El tribunal fijó para el próximo 8 de agosto la primera Junta de Acreedores, decretando la prohibición de enajenar bienes al grupo a través del Conservador de Bienes Raíces. Además se designó al liquidador Francisco Javier Cuadrado, quien procederá a incautar y que entre otras cosas busca “la protección de los bienes del Deudor y la optimización de su valor”, según señala el artículo 299 de la Ley 20.720.

De concretarse, sería la primera vez en un proceso de liquidación que se recurre a esta opción desde que se aprobara la normativa en enero de 2014. todos los bienes de la empresa deudora, sus libros y documentos bajo inventario, incluso con el auxilio de la fuerza pública.

Ayer, en tanto, la Corte de Apelaciones ordenó el reingreso de Verónica Rajii al penal de San Joaquín. Esto luego que el Ministerio Público apelara a a decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la revocara de la medida cautelar.

Rajii se encontraba desde el 28 de abril en prisión preventiva tras haber sido formalizada en el marco de la investigación que lidera el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo, por una eventual estafa piramidal en las operaciones de las sociedades del Grupo Arcano.

“Considero que se impuso el imperio del derecho, ya que no hay nadie en chile que pueda estar por sobre la ley”, sostuvo el abogado Rafael Gómez que representa a 106 víctimas por $10.700 millones. LC