“El veto consolida que se puede negociar fuera del Código del Trabajo”
—Abogado de la Universidad de Chile, doctor en derecho de la Universidad de Salamanca y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), José Luis Ugarte fue uno de los expertos más críticos de la Reforma Laboral durante su debate en el Congreso. Tras el despacho de la iniciativa, el jurista mantiene sus cuestionamientos y profundiza su tesis de que con el veto presidencial se terminó por consagrar una especie de titularidad sindical de hecho.
¿Con el veto presidencial, se logró una Reforma Laboral más equilibrada?
—Este es un proyecto que no cumplió con las más mínimas expectativas transmitidas a los trabajadores en su presentación. El estándar es lo que el propio Gobierno planteó: al inicio de la tramitación dijo que se iban a equilibrar las relaciones laborales y se devolverían derechos colectivos. Nada de eso quedó en el proyecto. La reforma es una regresión de los derechos colectivos de los trabajadores y los pocos avances que contenía fueron trasquilados por el propio Gobierno y el Tribunal Constitucional. Salió un proyecto triste para el mundo del trabajo que consolida y perfecciona el Plan Laboral de José Piñera. Se comenzó hablando de nivelar la cancha y se pasó a la modernización de las relaciones laborales.
A su juicio, ¿cuáles son los retrocesos?
—Se mantiene en la elite dominante, en la Concertación incluido el Partido Comunista, una concepción agresiva contra la autonomía colectiva de los trabajadores. Detrás del proyecto hay una total desconfianza de la acción colectiva, hay prejuicios sobre lo que el sindicato significa. Aunque eso se expresa en todo el proyecto, se destaca en dos puntos. Uno, en el aumento del quórum para la constitución de sindicatos, que es la mayor agresión para el mundo sindical desde el retorno a la democracia. También está la criminalización de la huelga, se le sigue mirando como una etapa indeseable, casi ilícita, que debe ser sobre regulada y que no está a la altura de considerarla como un derecho fundamental.
¿Qué juicio tiene respecto del mérito del veto?
—Los grupos negociadores quedarán fuera del Código del Trabajo, lo que no los transforma en ilegales. No está regulada su constitución, ni su procedimiento. Entonces, la posibilidad de que los actos que ese grupo celebre sean considerados jurídicamente vinculantes, dependerá de que caso a caso obtengan ese reconocimiento en los tribunales. Tendrán que medir si se trata de un grupo a lo José Piñera, es decir, aquellos que buscan competir ilícitamente con el sindicato; o si el grupo es la expresión del interés colectivo. Si ese es el cuadro actual, habrá una especie de titularidad sindical, es decir, el sindicato queda previsto en las reglas legales y el grupo negociador no. Si el Gobierno es honesto con el discurso que ha tenido, no debería hacer nada y no presentar ningún proyecto que regule a esos grupos.
¿El Gobierno debiera sincerar que quedó esta titularidad sindical encubierta?
—Del Gobierno no espero mucho más. Las piezas del rompecabezas nos da cuenta que el grupo queda al margen de la ley y deberá hacer su camino caso a caso en los tribunales. Si a uno le interesa la titularidad sindical de verdad, eso está logrado con el veto.
¿El veto fue la fórmula legislativa más eficiente?
—El resultado no me molesta en materia de titularidad porque hay que aceptar que hay negociación colectiva fuera del Código del Trabajo. Esta idea deriva del reconocimiento constitucional y los tratados internacionales, de que la negociación colectiva es un derecho fundamental de los trabajadores. Esa negociación podrá hacerse en los términos del Código o fuera de él. Eso dependerá de la autonomía colectiva. Me perece que el resultado del veto, que no fue intención del Gobierno, consolida una línea que va a tomar el derecho laboral chileno en los próximos años, que es reconocer que se puede negociar fuera del Código del Trabajo. Eso es algo parecido a lo que ya está ocurriendo con la huelga.
¿La titularidad sindical de hecho es mucho mejor que lo que había con el Plan Laboral de 1979?
—No sé si evaluarla como mejor o peor, pero creo que los grupos negociadores que buscaban socavar la acción del sindicato van a extinguirse progresivamente. Hoy el grupo no es un competidor relevante para el mundo sindical. Por lo tanto, a pesar del resultado, no se cambia el cuadro general de una evaluación negativa de esta reforma en términos de autonomía colectiva.
¿Cómo evalúa el reconocimiento que hizo la ministra del Trabajo de que vendrá más judicialización?
—El Gobierno no sólo ha sido torpe políticamente, también lo ha sido técnicamente. Parece casi inaudito que el Gobierno reconozca que el proyecto está lleno de problemas de interpretación, de normas que quedaron mal redactadas y que deberán ser solucionadas por los tribunales. Eso habla de un muy mal trabajo del Gobierno en la ejecución técnica del proyecto. Es el costo que hay que pagar por el intervencionismo regulatorio en las relaciones laborales.
¿En el proceso constituyente se abrirá esta discusión?
—Con esta reforma la discusión laboral no se va a cerrar en absoluto. La reforma es un proceso frustrado en sus propios términos, y como no deja conformes a los actores a los que iba dirigida, va a dejar abierto el debate. El mundo sindical va a seguir di-
TITULARIDAD DE HECHO “El sindicato queda en las reglas legales y el grupo negociador no. Deberá hacer su camino caso a caso”.
JUDICIALIZACIÓN “El Gobierno no sólo ha sido torpe políticamente, también lo ha sido técnicamente”.
ciendo que sigue en vigencia el plan laboral de José Piñera. Esta reforma podría asimilarse al cambio constitucional de 2005 cuando se intentó decir que iba a haber una nueva Constitución, pese a que hubo ajustes menores, equivale a esa falsa salida del problema. Los trabajadores quedan con sus derechos mermados en relación al Código actual, por lo tanto el debate no se cierra y esa es una buena noticia en términos de un país que quiere avanzar en temas colectivos.
¿Se buscará consolidar esa titularidad sindical?
—Lo laboral va a ser central en una nueva Constitución, porque apunta al corazón del modelo económico. La pregunta central es: ¿cuánto poder queremos que los trabajadores dispongan? ¿Queremos ser como los países desarrollados con un poder de equilibrio o seguir siendo fieles a nuestra tradición, que los trabajadores estén en una situación de escaso poder?.
¿Cómo ve la advertencia de la oposición de volver a al Tribunal Constitucional (TC) para frenar la reforma?
—El mayor riesgo no lo veo en el TC, sino que en el Gobierno. Al final del día podríamos descubrir que su convicción por la titularidad era algo deshonesta y en vez de aprovechar el resultado final que es que los grupos queden fuera de la ley, se tome el extraño camino en relación a su discurso público de intentar volver a legalizar los grupos.
EVALUACIÓN FINAL “Con esta reforma la discusión laboral no se va a cerrar en absoluto. La reforma es un proceso frustrado”.