Gratuidad: una mala macroeconomía

El proyecto de ley sobre educación superior deja condicionada la gratuidad universal al nivel de ingresos sobre el PIB, pero también amarra de manos a futuras administraciones .

EL PROYECTO propone cómo se va hacia allá (gratuidad universal). Y si es ley, por lo tanto, no hay ninguna duda de que en algún momento llegaremos a eso”. Esta frase la dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, para apaciguar algunas críticas respecto de la reforma universitaria presentada esta semana. Más allá del detalle educacional, existe un foco que puede resultar interesante de analizar. Se trata de este “amarre” que se busca realizar por ley a los próximos gobiernos. Efectivamente, siguiendo los supuestos y aislando algunas variables, PULSO publicó ayer que la gratuidad al 100% recién se alcanzaría en 2036. Aunque es probable que sea bastante más avanzado el siglo. Es que el proyecto contempla que cuando los ingresos cíclicamente ajustados representen al menos 23,5% del Producto Interno Bruto (PIB) estructural, la cobertura se ampliará al 70%; con ingresos que lleguen al 24,5%, se pagará la universidad del 80% de la población; con 26,5%, el 90%; y con el 29,5% se alcanzará la cobertura universal. Esto finalmente se transformó en un proyecto que no cambió en gran medida el sistema actual, que no dejó satisfecho a nadie, que avanza hacia una gratuidad de manera supuestamente condicionada al crecimiento, pero que al ser ley suma una presión adicional a las futuras autoridades. En resumen, corre el peligro de ser una mala política macroeconómica.