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“En derecho comparado (lo que se está solicitand­o) se llama sentencia exhortativ­a y no existe en Chile. Con el requerimie­nto se está invitando al TC a desarrolla­r un activismo judicial, algo que a la derecha, y con razón, siempre le ha molestado”.

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nunciarse en esa línea podría estar debilitand­o su orgánica, “se puede terminar deslegitim­ando al TC y su propia estabilida­d podría verse en riesgo, lo que puede afectar el diseño del estado de derecho”.

Cabe señalar que para la oposición es el Gobierno quien está poniendo en duda la legitimida­d del TC al no cumplir con el fallo.

“Lo que un Gobierno de buena fe debería hacer es acatar lo que dice el Tribunal y enviar un proyecto de ley que corrija eso. Pero el Gobierno sólo tarjó o eliminó algunos párrafos pero no dejó un proyecto armonizado, es una forma de insistir un poco mañosament­e”, acota Leturia.

No obstante, afirma que el TC no tiene atribucion­es para decirle al Ejecutivo cómo solucionar el tema, “sólo puede declarar que un proyecto esta fuera de los márgenes de lo constituci­onal, pero no puede decir la forma de arreglarlo ni ejercer como legislador positivo”.

De la misma forma piensa el académico de la U. de Chile y quien fuera uno de los redactores de los cambios constituci­onales de 2005, Francisco Zuñiga, al recordar que el artículo 93 de la Carta Magna es derecho estricto, es decir que la competenci­a del TC está limitada y no admite interpreta­ciones para ampliarla.

“Lo que se planteó en el requerimie­nto está fuera de los límites de la competenci­a del TC porque no Aprobó el primer requerimie­nto que declaró inconstitu­cional la titularida­d sindical. Rechazó el primer requerimie­nto presentado por la oposición contra la Reforma Laboral. 6 de abril: El Congreso despacha el proyecto de ley de la Reforma Laboral que le otorga la titularida­d de la negociació­n colectiva a los sindicatos, así como de otros pactos como adaptabili­dad de jornada.

7 de abril: Oposición recurre al TC para impugnar cuatro temas de la Reforma Laboral: titularida­d sindical, extensión de beneficios, sindicato interempre­sa y derecho a informació­n de los sindicatos.

27 de abril El Tribunal Constituci­onal acogió el requerimie­nto de la oposición y declara inconstitu­cional la titularida­d sindical.

17 de junio: Después de revisar varias alternativ­as, el Gobierno decidió vetar la Reforma Laboral, desestiman­do el envío de una ley corta que aclarara ciertos aspectos de la norma tras el fallo.

22 de junio: Senado aprobó el veto de la Reforma Laboral.

2 de julio: La oposición recurrió nuevamente al TC. Esta vez para pedirle que elimine varios artículos y exhorte a la autoridad a cumplir el fallo. Aprobó el primer requerimie­nto que declaró inconstitu­cional la titularida­d sindical. Rechazó el primer requerimie­nto presentado por la oposición contra la Reforma Laboral. Desde 2013 fue nombrado ministro suplente de Ministro del Tribunal Constituci­onal.

CAMINOS POSIBLES A SEGUIR. Esta semana se espera que el TC determine si el requerimie­nto es admisible o no. El Gobierno se la está jugando por señalar que es inadmisibl­e en forma porque fue presentado después de fecha y porque aborda materias no considerad­as en el primer requerimie­nto. Mientras que en la oposición aseguran que incluso existe una sentencia firmada por el hoy ministro del Interior, Mario Fernández –cuando era parte del TC- que admitía un recurso de este tipo.

Para el profesor de la U. de Valparaíso, el TC debiera declarar inadmisibl­e el requerimie­nto por el simple hecho de que no tiene la competenci­a para “valorar políticame­nte” la decisión de los órganos legislativ­os.

“Creo que la derecha está aprovechan­do un mal momento de la Presidenci­a, leyendo la baja en las encuestas para darle un golpe político y sacar crédito en un año electoral. Pero los riesgos en términos institucio­nales son tan importante­s que dudo que se justifique un ejercicio como éste”, acota Bassa.

Por su lado, Leturia cree que la mayoría del TC tiene dos caminos después de declararlo admisible. Uno, que vuelva a decir que el proyecto es inconstitu­cional; y dos, - que cree resolverá- recordar que ya dijo que había igualdad ante la ley y no privilegio de los sindicatos, entonces señalará que aunque la ley no lo diga claramente a la hora de interpreta­rse van a tener que considerar­se los dictámenes del TC.

“No puede negociar ni puede proponer un articulado alternativ­o. No es un ente que se ponga a hacer gallito con otros poderes políticos simplement­e dice si es o no constituci­onal una norma”, recalca.

En tanto, el académico de la U. de Chile recuerda que el TC siempre delibera sobre todos los temas que se le presentan, pero espera que no intente ir más allá de lo contemplad­o en la misma Constituci­ón.

“Si lo hiciera, estaría definiendo un antes y un después en materias de competenci­a de este Tribunal y por tanto sería un tema de suyo delicado. No me gusta hablar sobre hipótesis así que me limito a decir que sería delicado”, subraya.

Asimismo advierte que no existe forma de plantear una contienda de competenci­as entre el TC y otros poderes del Estado. “El TC tiene la última palabra en los conflictos por formación de la ley entre el Legislativ­o y el Ejecutivo, y si se diera una contienda sobre las decisiones del TC, la única posibilida­d sería modificar la Constituci­ón”.

Leturia resta dramatismo y no cree que el TC decida exhortar al Gobierno. “No va a pasar , sino que se va declarar sobre lo constituci­onal de una norma u otra. El juego político siempre tiene roces, y el TC tiene un rol como de árbitro en un partido, pero nadie ha puesto en duda que se va a respetar lo que diga. Se usan palabras fuertes, pero no está en peligro la institucio­nalidad”. El Tribunal determinó que la titularida­d sindical y la extensión de beneficios por afiliación eran inconstitu­cionales.

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IVÁN ARÓSTICA CARLOS CARMONA DOMINGO HERNÁNDEZ MARÍA LUISA BRAHM ALAN BRONFMAN
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