Expertos estiman que ‘boom’ de farmacias populares podría decaer tras elecciones
Consideran que esta iniciativa podría estar ocultando problemas en la gestión de los consultorios relativos a la entrega de medicamentos. Además, alertan que la subvención de las municipalidades podría ser insostenible en las arcas comunales.
—Fue el 15 de octubre de 2015 cuando el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, inauguró la primera farmacia municipal en el país con una gran convocatoria de autoridades, prensa y la sociedad civil.
La loable iniciativa prometía que los vecinos y vecinas ahorrarían en algunos casos hasta un 70% de lo que gastaban mensualmente en medicamentos, lo que dificilmente alguien podría cuestionar a priori.
¿Cómo lo haría? La Municipalidad de Recoleta a través de un sistema de subvención estableció dos mecanismos para la compra de los medicamentos: Primero, importándolos desde el extranjero; y segundo, comprándolos a laboratorios nacionales. La comuna lograría adquirir los medicamentos a precios más bajos al adquirirlos de forma más masiva a través de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), lo que se traduciría en la entrega de estos a precio de costo en las farmacias populares.
Tras casi 9 meses de implementación en que se han sumado cerca de 40 municipalidades a esta iniciativa, expertos de la salud ponen paños fríos a esta tendencia advirtiendo que existe un importante factor político en este fenómeno y advierten que el ‘boom’ de las farmacias populares podría decaer después de las elecciones municipales y más aún, luego de las presidenciales. ¿La
¿Qué ha pasado? Especialistas del sector salud prevén que el impulso por crear y mantener la exitencia de las farmacias populares bajará tras las elecciones municipales e incluso, luego de las presidenciales.
¿Por qué ha pasado? Según los expertos, hay un fuerte elemento político en la decisión de llevar a cabo esta iniciativa por parte de los alcaldes , lo que escondería en algunos casos pretensiones reelectorales .
¿Qué consecuencias tiene? Los analistas llaman a mirar el modelo de las farmacias populares, su capacidad real de solvencia financiera y de mantenerse en el tiempo, independiente del factor político. Además, a contrastarlo con la gestión de los consultorios.
El’Boom’. Viña del Mar fue la segunda comuna en abrir una farmacia popular en enero. Luego han venido municipios como emblemáticos como Santiago y Providencia. razón? El ímpetu de una decisión política podría verse confrontada con la real solvencia financiera de esta política. y el problema es que la Cenabast tampoco tiene una gran amplitud de compra como las grandes cadenas de farmacias multinacionales.
El consultor de Biostrategy, José Manuel Cousiño, considera que “hay mucha política en esto. Tengo la impresión que esto va a tener vida corta. Por razones económicas, de funcionamiento de ese tipo de establecimiento, que está limitado a determinadas personas y con precios prometidos que no sé cómo se van a sostener”.
Para Cousiño hay un subsidio municipal que no sé cómo irá afectar las arcas de las comunas, a lo que suma que el interés por esta iniciativa va a bajar cuando se pasen los períodos electorales venideros. “El problema es cuando pierdan el interés de que eso es un plus político para las elecciones, probablemente pierdan el interés en mantener la farmacia”, apuntó.
Si bien el director ejecutivo de PHG Huenchuñir consultores, Patricio Huenchuñir, celebra que con las farmacias populares se haya introducido la discusión sobre el precio de los medicamentos, también alerta que los beneficiados de la farmacia popular son habitualmente personas que en Fonasa están categorizadas bajo los tramos A y B, es decir, tienen acceso li- bre a los consultorios y dependiendo de la patología, más de un 80% tienen acceso gratis a los medicamentos en el recinto, por lo que le llama la atención que los pacientes tengan que recurrir a un médico particular para poder tener acceso a una receta y así a los productos para comprarlos en las farmacias populares.
“El médico les dio no del medicamento del consultorio sino que les dio del mix y no necesariamente el más barato. La farmacia popular está obligada a comprar lo que le dice el médico. Tampoco hay un control de la demanda. Entonces, se genera una suerte de subvención de médicos que están asignando productos que no necesariamente son los más efectivos y más baratos. Nos encontramos con personas que no deberían pagar nada por sus productos y pagan por la consulta médica particular y por un producto”, cuestiona.
En ese sentido, a Huenchuñir le llama la atención que Fonasa no haya establecido, como lo establece la autoridad sanitaria, un límite al precio que tienen que venderse esos tipos de productos. Además, al igual que Cousiño concuerda en que esto tiene un carácter político y “hay que evaluar cómo va a seguir la farmacia popular después de octubre de este año tras las elecciones municipales”.
Para Huenchuñir la farmacia popular está ocultando una mala gestión en la salud municipal. “Uno podría pensar que un municipio que saca una farmacia popular, en realidad, lo que está tratando de esconder es que sus habitantes más vulnerables no tienen acceso a algo que es fundamental”.
Asimismo, el director del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) de la U. San Sebastián, Manuel José Ira- rrázaval, sostiene que habría que preguntarse cómo funcionan los consultorios en estas municipalidades que están formando farmacias populares, pues los beneficiarios de esos establecimientos mayoritariamente tienen derechos a esos medicamentos gratis en los consultorios y acto seguido cuestiona: “¿Va a ser sustentable en el tiempo o estamos engañándonos, armando una maquinaria que responde al incentivo político inmediato?, porque éste tiene la trágica circunstancia de ser de corto plazo”. La Contraloría General de la República es el órgano mandatado a controlar la gestión de las municipalidades y en este sentido de las farmacias populares.