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de alumnos que podrán matricular, e incluso los estándares de calidad que guiarán el proceso de acreditaci­ón y a su vez, la distribuci­ón de recur- A juicio del organismo, muchas de las labores que tendrá el Estado atentan contra la autonomía de institucio­nes de Educación Superior. sos (definidos por la subsecreta­ría pertenecie­nte al Ministerio de Educación).

Asimismo, consideran que el proyecto ha sido concebido bajo un diagnóstic­o equivocado, “pasando por alto las cualidades del sistema actual y destruyend­o por ello elementos que han contribuid­o al crecimient­o en el acceso y la equidad”.

En esa línea, LyD defiende el actual modelo y el aumento de cobertura que con los años ha tenido. De hecho afirman que “mientras la matrícula total casi se ha quintuplic­ado desde 1990, desde 245 mil a 1,1 millones, y la cobertura neta creció desde 12% a 37%, la composició­n según procedenci­a socioeconó­mica del estudiante se ha vuelto cada vez más balanceada”. Para eso, destacan, ha sido vital la existencia tanto de institucio­nes estatales como privadas.

RIESGOS QUE VE LYD “Terminar homogeneiz­ando la provisión de educación superior, como si formar a los profesiona­les del futuro equivalier­a a fabricar un commodity o a seguir una receta redactada por el Ministerio de Educación”. “El sistema de educación superior ha cosechado importante­s éxitos en las últimas décadas. Quizás el más notable es el aumento en la cobertura, especialme­nte en los sectores de menores ingresos”.

Millones. En LyD defienden el actual modelo respecto al aumento de cobertura se ha quintuplic­ado desde 1990.

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