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Gobierno aprueba plan de fomento a la sustentabi­lidad con 158 iniciativa­s

El Programa de Consumo y Producción Sustentabl­e busca que las entidades del Estado fomenten políticas en este ámbito y que las transmitan al sector privado. El plan tiene metas en dos etapas, que terminan en 2025.

- Un reportaje de DANIEL FAJARDO CABELLO

EN JUNIO pasado el Gobierno anotó un hito a nivel medioambie­ntal con la promulgaci­ón de la Ley de Responsabi­lidad Extendida del Productor (REP). Y ahora quiere ir por otro.

Se trata del Programa de Consumo y Producción Sustentabl­es (PNCS), que fue aprobado la semana pasada en el último Consejo de Ministros por la Sustentabi­lidad (Agricultur­a, Hacienda, Salud, Economía, Energía, OOPP, Vivienda, Transporte­s, Minería y Planificac­ión), luego de dos años de trabajo por parte del Comité Interminis­terial de Consumo y Producción Sustentabl­e. Este grupo está conformado por 16 entidades estatales, además de asesorarse por un Comité Consultivo especial, conformado por actores como la Sofofa, Fundación Chile, Codelco, CUT y la Federación de Empresas de Turismo.

En términos simples, se trata de un plan para permear de sustentabi­lidad a las políticas públicas de las distintas entidades del Estado y por añadidura, al sector privado. En este aspecto, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) se transforma no sólo en una cartera que regula, hace planes y normas; sino que

¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros por la Sustentabi­lidad aprobó el Programa de Consumo y Producción Sustentabl­es.

¿Por qué ha pasado? El objetivo es que las entidades estatales comiencen a crear políticas y acciones orientadas a la sustentabi­lidad y que las permeen al sector privado.

¿Qué consecuenc­ias tiene? La iniciativa, junto con la Ley REP, podría influir de forma importante en el sector privado, en cuanto a producción y consumo sustentabl­e.

además propone y coordina un crecimient­o sustentabl­e en base a ciertas líneas de acción, definidas por el programa como construcci­ón, industria, informació­n al consumidor, sistema alimentari­o y turismo (ver infografía).

La inspiració­n de este plan está en el Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenible­s (10YFP, su sigla en inglés), a partir del cual varios países han desarrolla­do estrategia­s. Además, esta materia se incluyó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 de las Naciones Unidas (ODS), que Chile se comprometi­ó a realizar. También está en las recomendac­iones para los países miembros de la OCDE. “Estamos convencido­s, de que el consumo y producción sustentabl­e también presenta alternativ­as de negocios”, explica el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier y agrega: “Ofrece una oportunida­d para un trabajo en conjunto con el sector público, privado y sociedad civil, logrando cambios concretos en nuestros patrones de consumo y producción”.

Según Ricardo Irarrázaba­l, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universida­d Católica y ex subsecreta­rio del Medio Ambiente (Gobierno de Sebastián Piñera), el programa es una importante señal que “mejora la utilizació­n de la informació­n como un instrument­o de gestión ambiental, tema que hay que relacionar con el artículo 46 de la Ley REP (y nuevo artículo 48 ter de la Ley 19.300)”, dice Irarrázaba­l.

El académico se refiere a una nueva atribución del MMA que permite la certificac­ión, rotulación y etiquetado ambiental, todo en línea con las lógicas del llamado “crecimient­o verde”. Más de 150 iniciativa­s Para entender más los objetivos del programa, un buen ejemplo de crear políticas sustentabl­es fue la decisión de ChileCompr­a de lanzar el sitio www. comprassus­tentables.cl, donde entrega orientacio­nes a las entidades públicas sobre criterios sustentabl­es en materias como la adquisició­n de vehículos, lámparas, papel y productos de calefacció­n. A su vez, influye también a los proveedore­s para fomentar la venta de bienes y servicios con criterios de sustentabi­lidad.

La idea es aumentar ese tipo de proyectos en todo ámbito. Para ello, la meta del programa es ejecutar un plan en dos etapas. Una de 2016 a 2020 y la otra de 2020 a 2025.

Ya están definidas 158 iniciativa­s en las diversas líneas de acción, en un documento preparado por el MMA que se hará púbico esta semana. En este se detalla cada programa, los responsabl­es y los ámbitos específico­s de acción. “Hoy el 80% de las actividade­s económicas del país son a través del sector privado. Por lo tanto, difícilmen­te el Estado por sí solo puede lograr avanzar hacia patrones de mayor consumo sustentabl­e. En consecuenc­ia, el sector privado debe y tiene que avanzar en un nuevo modelo de gestión de sus empresas, contem- plando la variable ambiental”, comenta Badenier.

El rol privado

Para el Gobierno es clave que el sector privado se suba a este carro, como ya sucedió con la Ley REP. “Eso sí, el Gobierno debe tener presente los tres pilares de la sustentabi­lidad (ambiental, económico y social) y ha de tener cuidado con una lógica muy estatista y planificad­ora, que inhiba o limite al sector privado en temas de innovación en sustentabi­lidad”, agrega Ricardo Irarrrázab­al.

Se conformará­n grupos de trabajo por cada línea de acción, quienes tendrán la misión de priorizar las iniciativa­s, evaluando su factibilid­ad de implementa­ción, incluyendo criterios económicos, explorar alternativ­as de financiami­ento disponible­s y/o fortalecer sinérgicas entre actores claves para lograr materializ­ar los proyectos.

Los grupos de trabajo contarán con un “punto focal” o “embajador” del sector público y estará integrado por miembros del Comité Interminis­terial, Comité Consultivo y otros actores de la sociedad civil. Además, las iniciativa­s serán evaluadas en base a indicadore­s incluidos en el Informe del Estado del Medio Ambiente que elabora el MMA anualmente.

“Lo interesant­e es que por fin se podrán organizar y centraliza­r todas las iniciativa­s sustentabl­es que hay en los ministerio­s y darles coherencia, comenta Gerardo Wijnant, miembro del Comité Consultivo de Consumo y Producción Sustentabl­es y consultor en sostenibil­idad y comercio justo de Proqualita­s. El ejecutivo concluye: “No es posible trabajar de forma parcelada. La Ley REP fue un paso, pero esto es una definición más a largo plazo”.

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