PS pide reconocer en la Constitución el deber preferente del Estado con la educación pública
Documento del comité de senadores pide medidas urgentes en la Reforma de Educación Superior para fortalecer a las Ues del Estado. Hoy la ministra Delpiano se reunirá con sus rectores.
Los senadores del PS, incluida la presidenta del partido, acordaron la propuesta. — “Creemos indispensable iniciar un plan urgente tendiente a recuperar el subsector de la educación superior estatal que ha venido sistemáticamente perdiendo influencia en el contexto nacional”, consigna el documento de 16 págunas del comité de senadores del PS, titulado “Nueva ley marco de Educación Superior, la visión de los socialistas”.
Los parlamentarios comandados por Carlos Montes, y en cuyo comité también está presente la presidenta del partido, Isabel Allende, trabajaron un análisis del sistema y propusieron medidas frente a la Reforma de Educación Superior.
El texto advierte que el modelo mixto se encuentra en riesgo “por la sistemática caída de la matrícula pública estatal”, destacando que “ésta se ha mantenido casi inalterable en la última década, mientras el total de alumnos más que se duplicaba”.
Los senadores PS proponen que estas instituciones “en un plazo razonable alcancen un porcentaje significativo de la matricula total de la Educación Superior chilenas, manteniendo niveles adecuados de calidad”.
Además, plantean la necesidad de que el Consorcio de Universidades del Estado de Chile sea reconocido legalmente, así como la creación de un “estatuto específico” para las universidades no estatales del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, en particular de la Austral, de Concepción y la Fedérico Santa María.
Sin embargo, los PS destacan en un ítem que “la plena transformación del sistema de educación superior sólo será posible en el contexto de una nueva Constitución”.
Así, proponen “en el nuevo
¿Qué ha pasado? El comité de senadores del PS analizó el estado del sistema de educación superior chileno y planteó medidas de urgencia ante la Reforma del Gobierno. Hoy la ministra Delpiano se reunirá con los rectores de las universidades del Estado.
¿Por qué ha pasado? Entre las promesas principales de la Nueva Mayoría y la Presidenta Bachelet está la Reforma de la Educación Superior y la gratuidad universal. Desde el PS tienen una mirada crítica frente al eje de las universidades del Estado.
¿Qué consecuencias tiene? Los senadores del PS proponen cuatro aportes distintos a las instituciones del Estado, adicionalmente a lo propuesto por el Gobierno. Además, piden que la nueva Constitución establezca el deber preferente del Estado con la educación pública. Los senadores piden la flexibilización del control administrativo preventivo de la Contraloría ante las Ues del Estado. marco constitucional dejar atrás el carácter subsidiario del Estado, y con ello la subordinación de lo público y del bien común, al desarrollo de emprendimientos privados guiados por la lógica del mercado y de la competencia”.
El documento declara: “Abogamos porque en la nueva Constitución Política se reconozca -como en las Constituciones de 1833 y de 1925- el deber preferente del Estado con el desarrollo de la educación pública”.
Con este objetivo, entre las medidas urgentes, también plantean que en forma adicional al financiamiento por alumno y arancel promedio vinculado a la gratuidad universitaria, éstas deberán contar, en el programa específico del presupuesto de la nación, recursos adicionales destinados a infraestructura, crecimiento de la matrícula, investigación y para vinculación con la sociedad.
Junto con esto, demandan “flexibilizar el control administrativo preventivo que efectúa la Contraloría General de la República y que afecta severamente el desarrollo de estas instituciones”. En otras materias, los parlamentarios adiverten que debe “clarificarse la situación jurídica de INACAP, entidad creada por el Estado de Chile en 1966 y que no ha sido privatizada, sino que alterándose la composición de instancias superiores es controlada hoy por entes privados, aún cuando permanece una mínima presencia pública en su directorio”. Además, plantean que en el debate actual de la Reforma el principio de la autonomía universitaria “ha sido invocado generalmente con el propósito de minimizar la acción del Estado en materia de regulación de las instituciones privadas”.