El Gran Hermano de la educación,

Con el proyecto de reforma es necesario interrogarse acerca de hasta dónde debe intervenir el Estado en la educación superior.

mensaje del proyecto, buscan otorgar “… una mayor capacidad coordinadora de todas las instituciones del sector y de sus funciones, y fortalece las capacidades del Estado”, capacidades que ponen peligrosamente en riesgo la autonomía de las instituciones y las libertades propias de todo sistema de educación superior y, además, ponen en riesgo la naturaleza técnica que debe imperar en este. Ejemplo de esto es como el proyecto reemplaza la actual Comisión Nacional de Acreditación por el Consejo para la Calidad. Este Consejo, a diferencia de la actual Comisión, tendrá un dominio de la autoridad política, toda vez que será el Presidente de la República el que nombre al presidente de su directorio. De esta forma, los procesos de acreditación podrían verse contaminados por el arbitrio de la autoridad contingente, que, por ejemplo, podría impulsar la decisión de no cancelar la acreditación de una institución con el objeto de no asumir el costo político que ello implica. Es por esto que resulta complejo entender por qué el ministerio insiste en hacerse cargo de asuntos que necesariamente deben resguardar su perfil técnico para así evitar distorsiones del sistema.

Si bien todos aspiramos a mejorar la calidad del sistema educacional del país, debemos ser realistas en los plazos y mecanismos que elegimos para ello. En este sentido, llama la atención la opción que ha elegido el Gobierno para implementar el nuevo sistema de acreditación. La acreditación que aplicará el nuevo Consejo será obligatoria e incorporaría dimensiones también irrenunciables, como la gestión, investigación, vinculación con el medio, etcétera, dimensiones que si bien resultan esperables para toda institución, son esencialmente aplicables a las universidades complejas (aquellas que destinan recursos y parte importante de su funcionamiento a la investigación) y no a las docentes, que son el mayor número de instituciones que tenemos en nuestro país. Sin duda, esto no solo afectará a estas últimas instituciones, sino que altera la posible diversidad del sistema, el cual opera y cubre a gran parte de los estudiantes de Chile gracias a la operatividad de instituciones con distintos niveles de complejidad. cieras de las instituciones les permitan el cumplimiento de sus fines. Ambas funciones, muy loables para algunos, evidencian el fin de esta reforma: ¡que el Estado sea el Gran Hermano de la educación superior! Para quienes recordamos el fenómeno de este primer reality show, nos resultará simple ver la similitud de este hit televisivo con la propuesta del Gobierno. “Big Brother” fue el primer programa que grabó las distintas actividades que hacía un grupo de personas durante las 24 horas del día. Un novedoso programa que por primera vez se entrometía en la privacidad de las personas, que estaban dispuestas a ello a cambio de un cuantioso premio. El problema de la reforma es que ese cuantioso premio no existe y las cámaras del Estado estarán preocupadas del actuar de cada una de las instituciones, limitando su autonomía y poniendo en jaque su desarrollo.

No cabe duda que debemos mejorar la actual institucionalidad de la educación superior. Casos como la Universidad del Mar no deben repetirse en nuestro sistema, sin embargo, debemos preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a avanzar en el poder que se le entrega al Estado. Si bien para muchos el Estado es lo más cercano a una divinidad, muchos creemos que este debe tener un actuar limitado y debe entregar las garantías necesarias para que los privados puedan desarrollar proyectos educativos que permitan diversificar el sistema. Por ello, nos parece peligroso tener este Gran Hermano de la educación superior, el cual, de no ser contenido en la tramitación del proyecto, podría llenar de cámaras a las distintas instituciones de educación superior.