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Convenios de seguridad social

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de fuerza laboral inmigrante a largo plazo”, explica.

Comenta que ese 30% le cuadra mucho, porque es justamente la proporción de la fuerza de trabajo que tienen los países europeos que han tenido un flujo de inmigrante­s mayor, como por ejemplo el caso de España, Italia y Francia. “Por lo tanto, a nivel de políticas públicas eso es realmente un tema que hay que considerar”, indica.

Para el académico, el gran desafío es que gran parte de la población inmigrante correspond­e a mano de obra, “que es gente que a nivel de cotizacion­es previsiona­les tiene ausencia total o fuertes lagunas; entonces, eso nos va a plantear un gran desafío para los próximos 20 a 30 años, porque es gente que una vez jubilados van a tener pensiones que serán una proporción de su último ingreso laboral muy inferior al resto de la población nacional”.

Yáñez señala que otro punto que debiera estar en la agenda es la integració­n de los sistemas de fondos de pensiones en la región (ver entrevista). Indica que dado que desde los años 90, estas economías han comenzado a implementa­r un sistema de capitaliza­ción individual similar al que adoptó Chile a principios de los años 80, es un escenario propicio para avanzar en la discusión acerca de la portabilid­ad de los fondos de pensiones a nivel regional.

No obstante, manifiesta que la integració­n presenta difi- bbb La Superinten­dencia de Pensiones señala que Chile mantiene en aplicación 26 Convenios de Seguridad Social, los cuales, además de regular temas de pensiones, incluyen disposicio­nes que protegen la migración de trabajador­es activos que cumplen labores en un Estado (país de origen) y van a trabajar a otro país por un tiempo determinad­o. Con dichos convenios “se busca proteger los derechos de millones de trabajador­es migrantes, sus familias y trabajador­es multinacio­nales en el ámbito de prestacion­es económicas y previsiona­l”. XC

cultades estructura­les. Y ello, porque en Chile la capitaliza­ción del fondo de pensiones representa el 68% del PIB contra un rango de entre 15% y 19% en el resto de los países miembros de la Alianza del Pacífico. “Se debe profundiza­r en la posibilida­d de tener portafolio­s de renta variable en la región aprovechan­do las participac­iones de empresas a nivel regional y el mayor conocimien­to sectorial de la zona al contar con analistas para la mayoría de las economías”, puntualiza.

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