Pedro Pablo Errázuriz: “Es perfectamente posible que el Estado de Chile pierda en el Ciadi”

El Gobierno se ha defendido señalando que esta crisis se debe a la mala gestión de algunos operadores.

—”Efectivamente, puede ser que haya argumentos válidos de las empresas porque efectivamente la congestión ha aumentado, la evasión ha aumentado. Y por lo tanto en el Ciadi, puede ser perfectamente posible que sea un juicio donde el Estado pierda”. Así lo anticipa el ex ministro de Transportes Pedro Pablo Errázuriz ante la posibilidad que los dos principales operadores del Transantiago, Alsacia y Subus, decidan recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

En el caso que Subus y Alsacia recurran al Ciadi, ¿qué tan grave puede ser para el sistema que eso ocurra?

—La discusión tiene que ver con que si la revisión de contrato, que corresponde por contrato, está bien echa o no. Y esa es una discusión que es válida. Efectivamente puede ser que haya argumentos válidos de las empresas, porque efectivamente la congestión ha aumentado, la evasión ha aumentado. Es decir, hay un problema de gestión de las empresas para mirar lo que les está sucediendo en resultados, pero también hay buenos argumentos para la revisión de tarifas. Y por lo tanto en el Ciadi, puede ser perfectamente posible que sea un juicio donde el Estado pierda. Podría pasar que el Estado tenga dificultades porque existen argumentos que son valiosos. Ahora, también existen argumentos a su favor y por lo tanto puede ser que no se pierda. Eso es lo que hay que ver.

¿Qué le podría jugar en contra al Estado?

—Los argumentos más importantes tienen que ver con el aumento de la congestión, los tiempos de viaje, que tiene ver con la mayor cantidad de vehículos y también tiene que ver con las pistas exclusivas, y el aumento de evasión. Son argumentos que permiten revisar el contrato. Yo entiendo que se revisó pero el tiempo en que te demoras en revisarlo y el tiempo en el que te demoras en llegar a la conclusión, y el resultado de la revisión, son cosas que son debatibles. Entonces hay argumentos que podrían estar en favor de las empresas y otros que podrían estar a favor del Estado.

¿Y qué le podría jugar a favor?

—Las discusiones que tienen que ver con la evasión, que así como es un problema del Estado, también es un problema de las empresas, existen argumentos en ambas direcciones. El tema de la operación, que puede ser de mejor calidad y por lo tanto menores multas.

Una de las peticiones de algunos operadores del Transantiago tienen relación con un incremento de hasta un 28% en su tarifa por pasajero transportado. ¿Qué le parece?

—Siempre las empresas piden más de lo que corresponde, por doctrina. Y el Estado ofrece menos de los que corresponde. Entonces, sospecho que el valor verdadero debe estar en la mitad, entre uno y otro. Pero la diferencia es tan grande que puede ser que cause un daño importante. Lo más delicado en este minuto es el proceso de reorganización empresarial, con la nueva ley. Eso puede ser que permita que el servicio se mantenga con el administrador provisional. Puede ser que el servicio se mantenga y que los bancos pierdan sus créditos, o puede ser también que los bancos exijan el pago de los créditos y por lo tanto la operación se detenga. Y eso afectaría gravemente a las personas. Entonces, hoy día el Transantiago está operando pero hay elementos que son bien complicados. Uno de largo plazo es la discusión en el Ciadi, que es de largo plazo, y otra cosa en el corto plazo, que es que si los acreedores exigen el pago de las deudas, y en ese caso podrían detener la operación del servicio. Y eso sí que sería muy grave para la gente. —En parte hay empresas que tienen problemas de gestión, efectivamente. Hay empresas que gestionan mucho mejor que otras, pero esa es una parte del problema porque también es cierto que la ciudad no tiene la infraestructura de pistas exclusivas, tiene un aumento de congestión muy importante, la evasión ha aumentado mucho, y esas son cosas que las empresas no controlan. Y la fórmula de indexación tampoco refleja completamente el aumento de costos. Y esas cosas las empresas no las controlan, son de responsabilidad del Estado. Hay un problema de gestión pero también hay problema del Estado.

Una de las operadoras, Subus, ha señalado que su compleja situación se explica también por la “incerteza jurídica brutal” producto de varias modificaciones en los contratos.

NUEVAS LICITACIONES “Creo que los operadores nuevos van a poner exigencias que mucho más complejas”

CAMBIO DE CONTRATOS “Podrían haberlo no firmado si creían que las condiciones no eran razonables”

NEGOCIACIONES “Si los acreedores exigen el pago de las deudas, podrían detener la operación del servicio

—Eso creo que no corresponde porque al menos las modificaciones en las que yo participé, fue una modificación acordada y las partes firmaron el contrato. Podrían haberlo no firmado si creían que las condiciones no eran razonables. Creo que más que el problema de la incerteza jurídica, es un problema de aplicación de un contrato existente, que esté bien o mal aplicado. Y puede ser que esté mal aplicado y por lo tanto eso hay que corregirlo.

¿Cree este escenario afecte la llegada de nuevos operadores en las próximas licitaciones?

—Creo que los operadores nuevos van a poner exigencias que son mucho más complejas que las que tiene el sistema hoy día, pero por otro lado creo que tienen que venir mucho más operadores y que sean más pequeños, y por lo tanto con un servicio más fácil. Alsacia y Subus tiene un servicio muy complicado y por lo tanto eso también lo hace más difícil. Una de las cosas que vienen con la nueva licitación son operadores más pequeños y esa es una muy buena idea. Van a tener menos problemas, y si tienen problemas son más fáciles de reemplazar. Si un problema es de mala gestión, y el operador es pequeño, es fácil de sacar. Si el problema es de gestión y el operador es grande, es más difícil de sacar.

CIADI “Hay argumentos que podrían estar a favor de las empresas y otros a favor del Estado”