Paro del sector público

Los funcionarios públicos se acostumbraron a no tener costos por las paralizaciones. Las autoridades cedían y no hacían valer las reglas. Esto debe cambiar.

EL PAÍS está soportando 17 días ya de paro del sector público. El fundamento detrás de la paralización es que el reajuste para los salarios de los funcionarios de 3,2% -más otros beneficios- propuesto por el Gobierno, en un contexto de estrechez económica, es insuficiente. Así, las emergencias en el área salud se han dejado de atender, la basura ya no se retira, los trámites prácticamente se han paralizado y las exportaciones presentan algunos inconvenientes. Los dirigentes sindicales, avivados por un Parlamento que en esta oportunidad fue populista, insisten en exigir un mayor incremento de sus sueldos, pese a que la autoridad ha manifestado que ello no es posible. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, está dando la pelea correcta. La señal de austeridad en momentos de vacas flacas es la que se necesita. El problema es que luego de años de “negociaciones” en que los funcionarios nunca pagaron los costos de las movilizaciones, los dirigentes y trabajadores se acostumbraron sólo a pedir y recibir beneficios. Pero los costos los paga la población. Una vez más, la ciudadanía queda capturada por grupos de interés. Como dijo el presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, “el pueblo es rehén de los funcionarios que siguen en paro”. Más allá de la solución de corto plazo, es necesario hacer un cambio profundo de los privilegios de los trabajadores del sector público, como por ejemplo en su inamovilidad.