Gobierno mira con recelo moción de pronto pago a micro y pequeñas empresas
Ejecutivo negocia con los miembros de la Comisión de Economía del Senado las indicaciones al proyecto, pues los parlamentarios quieren que la obligación de 30 días de pago a micro y pequeñas empresas se aplique a todas las firmas, incluso a las estatales.
—El Ejecutivo negocia con la Comisión de Economía del Senado las indicaciones a una moción parlamentaria que da 30 días para pagar a las mypes. La tensión radica en si los municipios y ministerios tendrán estas reglas.
—El proyecto de ley que fija normas especiales en materia de plazo de pago a las micro y pequeñas empresas (Mype), que se encuentra en la Comisión de Economía del Senado, está siendo mirado con atención por el Gobierno.
El motivo es que la iniciativa legal estaba hasta hoy en período de indicaciones y justamente uno de los cambios que los parlamentarios de la Comisión planean incorporar afectaría a los órganos estatales que tradicionalmente han sido lentos pagadores a sus proveedores, como son los casos del Ministerio de Salud y las municipalidades.
El proyecto de ley establece que el plazo máximo de pago a las Mypes será de 30 días seguidos desde la fecha en que el deudor haya recibido la factura o la solicitud de pago. Además, las partes podrán acordar de forma anticipada un plazo distinto, que no podrá superar los 45 días. Lo trascendental es que el no pago dentro de los plazos será entendido como mora y se le aplicarán intereses a los deudores.
A fines de septiembre, la Comisión de Economía del Senado aprobó por unanimidad el proyecto en general. Tras ello, la instancia acordó un plazo para presentar indicaciones que se ha prorrogado en varias ocasiones. El presidente de la Comisión, Iván Moreira (UDI), precisa que el plazo venció el pasado martes, pero se decidió extender hasta mañana. “Este proyecto de ley busca es que las empresas que se encuentran con una capacidad de su- premacía frente a otra, no abuse. Nosotros hemos visto como hay empresas que efectivamente abusan de sus proveedores, que muchas veces son pequeñas o medianas empresas. Se demoran en el pago de los bienes y servicios bajo la amenaza de perder un contrato”, explica Moreira.
Agrega que “estamos convencidos en la comisión de que este proyecto de ley debe aplicarse a todas las empresas, por lo que la modificación apuntará a la ley que regula la competencia desleal para sancionar estas prácticas abusivas”.
El miembro de la Comisión, Eugenio Tuma (PPD), revela que “los ajustes van en la línea de que sea aplicable a todos los contratos”, añadiendo que “hay resistencia del Gobierno para apoyar el proyecto por eso”. De ahí, que “vamos a hacer una temporalidad y gradualidad en la aplicación para los municipios y el Ministerio de Salud”, anticipa Tuma.
Según Moreira, “estamos en un proceso de negociación de llegar acuerdo con el Ejecutivo. Si estamos haciendo esta exigencia a las empresas, también se la tenemos que hacer al Estado. Y eso no les gusta. Ahora, nosotros estamos dispuestos a buscar un proceso gradual entre 1 a 3 años para que las empresas del Estado puedan comenzar a regirse por esta ley”.
El senador gremialista, además, asegura que pondrá el proyecto en la tabla de la Comisión para que sea votado por la instancia antes de fin de mes para que se vaya a la Sala del Senado.
VISIÓN DEL SECTOR. El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, valora el proyecto por dotar de mayor simetría a las relaciones comerciales de las empresas de menor tamaño en el mercado, pero plantea el problema de como está formulado en que en la práctica será difícil que un proveedor arriesgue las buenas relaciones con un cliente por un atraso, ya que tendría que denunciarlo y obligarlo al pago de la multa. Concuerda en que “hay que incorporar en el proyecto medidas que no sean eludibles por ninguna de las partes”. También sugiere que las indicaciones deberían incluir una norma que prohíba el uso del IVA como crédito fiscal si no se ha pagado la factura.
La presidenta de la Asociación de Emprendedores en Chile ( Asech), Alejandra Mustakis, dice que en concordancia con la visión de los parlamentarios “en la Comisión del Senado (...) pusimos hincapié en que esta medida debía aplicar para todas las empresas, ya que si sólo afecta a las pymes, en vez de un beneficio se podría transformar en una fuente de discriminación”.
La moción de los senadores Andrés Allamand (RN), Alfonso De Urresti (PS), Iván Moreira (UDI), Eugenio Tuma (PPD) y Andrés Zaldivar (DC) fue presentada el 5 de julio.