La inembargabilidad de viviendas sociales
Este proyecto parece condenar el acceso al crédito hipotecario, en circunstancias que la realidad muestra que este mecanismo ha contribuido significativamente al financiamiento de la vivienda.
EN EL CONGRESO se tramita un proyecto de ley (boletín 9706-14) que busca ampliar la inembargabilidad de las viviendas sociales adquiridas con subsidios del Estado y que tengan un avalúo fiscal no superior a UF520. La iniciativa, presentada por los diputados Cariola (PC), Teillier (PC), Espinoza (PS), Fernández (PS) y Carvajal (PPD), ha causado polémica por sus eventuales externalidades negativas.
En la actualidad sólo son inembargables las viviendas de emergencia y aquellas cuyo avalúo fiscal no supere las UTM50 ($2.300.000). Siendo la vivienda un activo tan importante para las familias, la cuestión es si la inembargabilidad permite o no avanzar hacia una política de vivienda que facilite su acceso. Una prohibición general de embargo podría crear numerosos problemas prácticos para quienes deseen adquirir una vivienda con la ayuda del Estado y que también necesitan complementar el subsidio con algún crédito. Si el proyecto de ley sigue su desarrollo, la inembargabilidad abarcaría, según cifras de la SBIF, a los inmuebles de hasta UF2.200 de avalúo comercial ($52 millones aproximadamente), los que comprenden un amplio espectro de viviendas. Si el subsidio estatal, en estos casos, no supera, dependiendo de las distintas opciones de subsidio, las UF500, ¿cómo una familia podrá financiar su vivienda si esta no puede ponerse como garantía cuando, según la SBIF, la principal razón de rechazo de aumento del monto de los subsidios habitacionales, una mayor facilidad para acceder a créditos hipotecarios para los sectores vulnerables -podría pensarse en un crédito habitacional cuyo aval sea el Estado- y no necesariamente en medidas que pueden beneficiar a las familias afectadas por un embargo (la incidencia de los remates sobre las viviendas asociadas a programas de subsidio habitacional es muy acotada).
El proyecto pareciera condenar el acceso al crédito hipotecario, cuando la realidad muestra que este ha contribuido significativamente al financiamiento de la vivienda en nuestro país. El problema fundamental, en consecuencia, y que excede el campo de la política habitacional, pareciera ser el endeudamiento familiar. Es necesario recuperar la dimensión pública de la vivienda, pero sin despreciar el histórico aporte que ha realizado el mundo privado a su desarrollo. Este proyecto, por el contrario, si bien parte de un diagnóstico positivo, termina afectando y excluyendo a la sociedad civil de la participación en las soluciones habitacionales.