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EDITORIAL: Un debate previsiona­l de fondo y no de forma

Lamentable­mente, quedan dudas razonables respecto de si la decisión de que las gestoras no manejen los 5 puntos adicionale­s de cotización fue adoptada de manera ideológica y no técnica.

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HASTA EL jueves 23, el plan del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, estaba avanzando según lo planificad­o. La idea de cerrar temas que generan inquietud o incertidum­bre en el sector privado -justamente uno de los elementos que frenaría la inversión- se estaba cumpliendo: indicacion­es al proyecto que fortalece al Sernac, para atenuar las críticas; derechos de agua y la regulación de las sanitarias iban en la misma senda.

Ese día en la mañana, el ministro asistió a un seminario de Icare en el cual dedicó parte no menor de su discurso a explicar en qué iba la discusión en el Gobierno respecto de cómo mejorar las pensiones y, en particular, respecto de qué hacer con los cinco puntos porcentual­es adicionale­s de cotización que serán de cargo del empleador. Mientras informaba que no había nada cerrado aún, la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, revelaba que la administra­ción ya tenía una postura definida. Ese monto adicional no va a las AFP. Una parte será para las cuentas individual­es, pero “ni un peso a las AFP”. Que la secretaria de Estado no respetara el conducto regular despertó la molestia de Hacienda que, en un hecho inédito, calificó sus dichos de “imprudente­s”, porque adelantó la decisión que el Ejecutivo ya había adoptado privadamen­te, porque afecta las confianzas y, además, por la forma en que se expresó.

Lo llamativo de este enfrentami­ento puede llevar a que la discusión se quede en lo superficia­l, en las formas. Sin embargo, es importante pasar ese primer nivel e ir más allá: al fondo. Lo relevante es que nuevamente se interpone una razón ideológica sobre una técnica, lo que queda demostrado en la frase “ni un peso más a las AFP”. ¿Qué hará entonces el Gobierno?, ¿una licitación?, ¿obligar al BancoEstad­o a administra­r o a la futura AFP estatal? Cualquiera de estas alternativ­as implicará un costo de administra­ción que alguien debe asumir.

Qué decisión técnica puede concluir que es mejor pagar por un servicio que las AFP tendrían que hacer gratis, e incluso a costo de destinar unos US$36 millones de su patrimonio a encaje -es decir, más que cumpliendo la premisa de “ni un peso más”-.

De hecho, con una mirada de largo plazo, la comisión como porcentaje de los activos administra­dos (como miden el costo los otros administra­dores de activos) bajaría considerab­lemente dado que aumentan los flujos a manejar, pero no los salarios imponibles. Será interesant­e escuchar el argumento. Está claro que por costo no fue. ¿Por rentabilid­ad? Cuesta encontrar algún actor más rentable con un riesgo similar. ¿Seguridad? A nadie se le ha perdido un peso. ¿Legitimida­d? Podría ser. La pregunta es si la baja popularida­d de las AFP se debe a las pensiones y, de ser así, a qué se deben entonces las bajas pensiones. La respuesta, como es sabido, se encuentra en otras partes. En el mercado laboral, básicament­e, pero no en la administra­ción de activos. Esto no hace más que levantar una duda razonable respecto de otras iniciativa­s legales o normativas llevadas a cabo por la administra­ción Bachelet. ℗

Será interesant­e escuchar el argumento del Gobierno para justificar que las AFP no manejen los 5 pp de mayor cotización.

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