EDITORIAL: Un debate previsional de fondo y no de forma
Lamentablemente, quedan dudas razonables respecto de si la decisión de que las gestoras no manejen los 5 puntos adicionales de cotización fue adoptada de manera ideológica y no técnica.
HASTA EL jueves 23, el plan del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, estaba avanzando según lo planificado. La idea de cerrar temas que generan inquietud o incertidumbre en el sector privado -justamente uno de los elementos que frenaría la inversión- se estaba cumpliendo: indicaciones al proyecto que fortalece al Sernac, para atenuar las críticas; derechos de agua y la regulación de las sanitarias iban en la misma senda.
Ese día en la mañana, el ministro asistió a un seminario de Icare en el cual dedicó parte no menor de su discurso a explicar en qué iba la discusión en el Gobierno respecto de cómo mejorar las pensiones y, en particular, respecto de qué hacer con los cinco puntos porcentuales adicionales de cotización que serán de cargo del empleador. Mientras informaba que no había nada cerrado aún, la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, revelaba que la administración ya tenía una postura definida. Ese monto adicional no va a las AFP. Una parte será para las cuentas individuales, pero “ni un peso a las AFP”. Que la secretaria de Estado no respetara el conducto regular despertó la molestia de Hacienda que, en un hecho inédito, calificó sus dichos de “imprudentes”, porque adelantó la decisión que el Ejecutivo ya había adoptado privadamente, porque afecta las confianzas y, además, por la forma en que se expresó.
Lo llamativo de este enfrentamiento puede llevar a que la discusión se quede en lo superficial, en las formas. Sin embargo, es importante pasar ese primer nivel e ir más allá: al fondo. Lo relevante es que nuevamente se interpone una razón ideológica sobre una técnica, lo que queda demostrado en la frase “ni un peso más a las AFP”. ¿Qué hará entonces el Gobierno?, ¿una licitación?, ¿obligar al BancoEstado a administrar o a la futura AFP estatal? Cualquiera de estas alternativas implicará un costo de administración que alguien debe asumir.
Qué decisión técnica puede concluir que es mejor pagar por un servicio que las AFP tendrían que hacer gratis, e incluso a costo de destinar unos US$36 millones de su patrimonio a encaje -es decir, más que cumpliendo la premisa de “ni un peso más”-.
De hecho, con una mirada de largo plazo, la comisión como porcentaje de los activos administrados (como miden el costo los otros administradores de activos) bajaría considerablemente dado que aumentan los flujos a manejar, pero no los salarios imponibles. Será interesante escuchar el argumento. Está claro que por costo no fue. ¿Por rentabilidad? Cuesta encontrar algún actor más rentable con un riesgo similar. ¿Seguridad? A nadie se le ha perdido un peso. ¿Legitimidad? Podría ser. La pregunta es si la baja popularidad de las AFP se debe a las pensiones y, de ser así, a qué se deben entonces las bajas pensiones. La respuesta, como es sabido, se encuentra en otras partes. En el mercado laboral, básicamente, pero no en la administración de activos. Esto no hace más que levantar una duda razonable respecto de otras iniciativas legales o normativas llevadas a cabo por la administración Bachelet. ℗
Será interesante escuchar el argumento del Gobierno para justificar que las AFP no manejen los 5 pp de mayor cotización.